Nuevo mazazo de la Justicia a Francisco Javier Medina, acusado del doble asesinato en Almonte de Miguel Ángel Domínguez y su hija María en la fatídica noche del 27 de abril de 2013. La Audiencia Provincial ha decidido denegarle de nuevo la libertad por considerar que el joven almonteño, que será juzgado en el Palacio de Justicia a partir del 6 de septiembre, podría destruir o alterar pruebas importantes para el caso o fugarse.

Así lo argumenta en el auto notificado ayer y al que ha tenido acceso Huelva Información el magistrado Santiago García, quien pertenece a la Sección Tercera pero que ha asumido circunstancialmente la solicitud de petición de libertad por encontrarse la magistrada Carmen Orland (Sección Primera), designada para presidir el tribunal del jurado, de baja médica. La estrategia de la defensa de encontrar amparo en otro juez no ha funcionado.

Todo pese a que Medina lleva en prisión desde el 28 de junio de 2014, medida cautelar que fue prorrogada el 10 de junio del año pasado y que se mantiene ahora de forma definitiva hasta la celebración del plenario. Lleva, pues, más de tres años entre rejas de forma preventiva. El máximo son cuatro y "debe ser un asunto verdaderamente extraordinario", indicaron las fuentes judiciales consultadas por este periódico.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares se han opuesto de plano una y otra vez a su puesta en libertad "por riesgo de fuga y manipulación de pruebas", la misma línea en la que se mantiene la Audiencia Provincial de Huelva.

En el auto se detalla que "hay motivos para inducir que el acusado se pueda sustraer a la acción de la justicia", puesto que está pendiente la inminente celebración del juicio "en el que practicar la prueba sobre su grado de ejecución, participación o autoría en los hechos delictivos, con petición de penas de prisión por encima de diez años de duración, lo que incrementa de modo evidente el riesgo de fuga". Aunque de las circunstancias personales y familiares de Medina -español residente en Almonte, con familia y arraigo- no se infiera que pueda sustraerse a la acción de la Justicia, sí podría darse el "riesgo de fuga y manipulación de pruebas, al menos testificales, debiendo mantenerse la medida solicitada y, como consecuencia, desestimar la petición de libertad", concluye.