El poder judicial vuelve a la gresca

  • El presidente del CGPJ ordena investigar a los jueces, fiscales y abogados que apoyaron un documento crítico con algunas propuestas electorales del PP · Los progresistas le califican de "operador político"

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Jueces, fiscales y abogados de diversas tendencias han vuelto a manifestar la profunda división que existe entre el llamado sector conservador, mayoritario, y la minoría progresista.

La asociación Jueces para la Democracia (JpD), progresista, acusa al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, de convertirse en un "operador político" con su decisión de investigar a los jueces que firmaron un manifiesto contra las propuestas electorales del PP en materia criminal.

"El presidente del Consejo General del Poder Judicial, ampliamente deslegitimado por su bien conocida propensión a constituirse en operador político, vuelve a asumir este papel, interfiriendo en lo que es un simple ejercicio de un derecho ciudadano, que, desde luego, asiste a los jueces", señala JpD en un comunicado.

La asociación añade que el manifiesto "contiene un pronunciamiento que se reduce a salir al paso de algunas propuestas en materia de política penal, producidas en fechas recientes denunciándolas -con rigor argumental- como irracionales y contrarias a la Constitución. Todo en uso de un derecho a expresarse que tiene indudable amparo en ésta".

El documento, suscrito por cerca de trescientos jueces, fiscales y abogados, no alude expresamente a ningún partido político, pero califica de "envilecedora", por situarse al margen de la Constitución, la propuesta del PP de que los menores de 14 años puedan ser sancionados penalmente.

También cree contraria a los fines de reeducación y reinserción establecidos en la Carta Magna el cumplimiento íntegro de las penas para determinados delitos que propone el partido de Mariano Rajoy.

Hernando ordenó al servicio de Inspección del CGPJ que abra una información previa a los firmantes del manifiesto y mostró su preocupación por el hecho de que los jueces "participen de manera abierta y activa en la política y en los procesos electorales".

En su opinión, la firma del documento "compromete gravemente la percepción ciudadana de la imparcialidad política de los jueces, pieza básica de su independencia y garantía institucional para los justiciables".

Entre los firmantes del manifiesto se encuentran el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y el magistrado de este tribunal Ricardo de Prada, los vocales del CGPJ de la minoría progresista Monserrat Comas y Félix Pantoja y los magistrados del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez y Luciano Varela.

Por su parte, las asociaciones de jueces y magistrados Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria, ambas de tendencia más o menos conservadora, calificaron de "inoportuno" el manifiesto.

El portavoz de la APM, Antonio García, manifiestó que los jueces firmantes no deberían haber irrumpido en plena campaña política a dos días de las elecciones, ni siquiera de forma indirecta, "porque si hay algo que define a los jueces es su imparcialidad y su neutralidad en lo político".

La asociación mayoritaria de jueces se refiere como "el colmo de la gravedad" que el citado manifiesto haya sido suscrito por los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Montserrat Comas y Félix Pantoja. Los mismos, recordó García, que hace unos días se ausentaron del Pleno del Consejo General del Poder Judicial junto con otros cinco miembros de la denominada minoría progresista, impidiendo con ello que se acordaran medidas para lograr que la enseña nacional ondee en todos lo órganos judiciales del País Vasco.

"Estos vocales adujeron precisamente razones de no interferencia política" para justificar su plante en el órgano de gobierno de los jueces, afirmó el portavoz de la APM, lo que a su juicio demuestra "la hipocresía y cinismo con el que algunos se conducen".

García calificó de "chocante" que el manifiesto haya sido también suscrito por el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que es miembro de la APM.

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