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"El nuevo Código tipificará la corrupción entre particulares"

  • El proyecto incluye penas de seis meses a cuatro años de cárcel para los directivos o empleados de empresas privadas que ofrezcan o acepten sobornos

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El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, avanzó ayer que el proyecto para la reforma del Código Penal que el Gobierno pretende enviar al Congreso de los Diputados "al inicio del próximo periodo de sesiones", que comienza en septiembre, tipificará "por primera vez" los delitos de corrupción entre particulares.

"Hasta ahora la corrupción sólo se ve entre funcionarios públicos o servidores públicos y particulares. Sin embargo, se van a admitir también y regular por primera vez las fórmulas de corrupción entre particulares", explicó Caamaño en una entrevista, en la que añadió que la reforma incluirá también "aspectos muy novedosos" como la tipificación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.

El anteproyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre pasado, contempla penas de seis meses a cuatro años de cárcel para los directivos o empleados de empresas privadas que ofrezcan o acepten sobornos. El tipo penal, equiparable al que castiga el cohecho para los funcionarios públicos, pretende garantizar "la competencia justa y honesta entre empresas y evitar actos de corrupción entre los administradores de distintas empresas".

De esta forma, según explicó Caamaño, el nuevo Código Penal perseguirá, además de las fórmulas de corrupción entre particulares, "las negociaciones económicas con daño, por ejemplo, para accionistas o con informaciones en contra de la licitud de las empresas a las que uno pertenece y ante las que tiene cabalmente que responder".

En relación con la "responsabilidad criminal" de las personas jurídicas, el ministro explicó que el proyecto acabará con "la idea tradicional de que delinquen las personas y no las sociedades". "Vamos a incorporar también la posibilidad y la cultura de que las personas jurídicas también cometen delitos, con todas las consecuencias que eso tiene para levantar, por ejemplo, el velo de empresas pantalla", afirmó. Para ello, se adoptarán "sanciones obviamente distintas" a las que se imponen a las personas, tales como "la incautación de bienes, la disolución o liquidación de la sociedad, la supresión de su presencia, la asunción o subrogación de los contratos que hayan realizados o la declaración de su nulidad cuando sean ilícitos".

De esta forma, Caamaño explicó que "al margen de la personalidad de los individuos que formen parte de la sociedad y de sus administradores", la Administración judicial podrá incautarse de los bienes que se hayan obtenido "gracias a una gestión ilícita". Así, existirá "más capacidad" para "sacar del mercado" empresas que hayan funcionado como "un mero instrumento para la comisión del delito". Otra de las iniciativas que incorporará el nuevo Código Penal será el establecimiento de 20 años de libertad vigilada para delitos graves como los cometidos por terroristas, la no prescripción de este tipo de delitos y el cumplimiento íntegro de las penas a partir de "la firmeza del sistema punitivo". "La libertad vigilada se aplicará a supuestos en los que, dada la naturaleza del tipo de delito del que se trata, es muy difícil la rehabilitación o la salida de prisión genera cierta alarma social debido al tipo de delito que ha cometido", explicó.

De esta manera, se evitará que las víctimas de atentados tengan que convivir con los terroristas una vez que hayan cumplido sus penas de prisión, para lo cual se dictarán órdenes de protección y alejamiento. "Habrá la posibilidad de que, una vez cumplida la pena, se pueda prohibir a una persona vivir a determinada distancia del lugar donde viven sus víctimas. Esto hasta ahora no era posible, con este Código sí será posible", señaló.

El proyecto también endurecerá las penas para los delincuentes sexuales, sobre todo en los casos de pederastia, aunque no incluirá la castración química para los condenados que la solicitaran, opción que fue barajada por el ex ministro Mariano Fernández Bermejo si contaba con la "colaboración" de los implicados. "Se descarta, por supuesto", zanjó.

El nuevo Código Penal incorporará "medidas específicas" para combatir el terrorismo islamista en relación con "la formación de las asociaciones para delinquir", y se crearán nuevos tipos penales para perseguir delitos relacionados con el ciberespacio, internet y el juego ilegal.

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