La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer el Estatuto de la Víctima, que incluye el derecho en los delitos más graves a ser escuchadas por el juez de Vigilancia Penitenciaria antes de que decida sobre la libertad condicional, cambio de grado o beneficios penitenciarios de sus agresores.

El apoyo de la oposición al Estatuto de la Víctima del Delito fue unánime, si bien PSOE, Izquierda Plural, PNV y CiU mostraron su rechazo al artículo 13, que contempla la participación de la víctima en la fase de ejecución penal.

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, asistió al debate tras solicitar el pasado noviembre al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que las víctimas del terrorismo fueran escuchadas por el juez antes de tomar estas decisiones.

Víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual (APRAMP) o del accidente aéreo de Spanair mostraron su "decepción" tras el debate al percibir "cierto desinterés" por parte de los diputados, que constantemente interrumpían la sesión y se centraban en los afectados del terrorismo "sin mencionar apenas a todas las víctimas que han sufrido otra tipología de delitos".

El Congreso sí votó a favor de una enmienda que prohíbe a los abogados y procuradores dirigirse en los primeros 45 días a las víctimas de catástrofes o sucesos que hayan provocado un número elevado de perjudicados para ofrecerles sus servicios. El texto inicial hablaba de 30 días pero la Asociación de Afectados del vuelo JK5022 pedía que se equiparara con la situación de Estados Unidos.