Miles de funcionarios de Justicia, 8.600 según los organizadores y 5.200 según la Policía, se manifestaron ayer en el centro de Madrid para reivindicar la equiparación de sus salarios con los de sus compañeros en órganos dependientes de las comunidades autónomas, situación por la que llevan en huelga desde el 4 de febrero. La manifestación, organizada por CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ bajo el lema Por la dignidad del salario de la justicia no transferida se inició a mediodía en la sede del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo y, tras atravesar la Gran Vía concluyó frente al Ministerio de Economía y Hacienda, en la calle de Alcalá.

Allí se dio lectura a un manifiesto en el que se arremetió contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien los sindicatos consideran responsable directo de una situación que afecta a 9.500 trabajadores, al tiempo que le reprocharon sus declaraciones recientes sobre los trabajadores y su "cobardía" por no personarse en las reuniones.

Los sindicatos de Justicia y el Ministerio no alcanzaron ningún acuerdo que permita una salida a esta huelga tras mantener ayer una maratoniana reunión de trece horas. Los líderes sindicales acusan al departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo de no tener voluntad para dar al problema una "solución satisfactoria" para trabajadores y ciudadanos.

Justicia, sin embargo, reiteró en un comunicado su intención de pactar una salida "negociada" al conflicto y recordó que ha modificado su oferta "en al menos seis ocasiones" ante las "inflexibles exigencias" de los sindicatos. Las negociaciones se interrumpieron la noche del viernes.

La versión de Justicia subraya que la reunión fracasó por la exigencia de los sindicatos de recuperar el trabajo acumulado dentro de la jornada laboral y cobrarlo como horas extras. Asimismo, recuerda que ha convocado una nueva reunión de la mesa de negociación para mañana lunes a las 16.30. Será la décimo segunda. La última oferta del Ministerio contempla un incremento salarial de 110 euros por funcionario y mes con efectos desde el 1 de enero de 2008, de los que 60 euros se percibirían mensualmente desde enero de este año y los 50 restantes acumuladamente como una paga única de al menos 600 euros en la nómina correspondiente a enero de 2009.

Desde esa fecha, los funcionarios percibirían íntegramente los 110 euros por mes, y desde abril del mismo año un incremento adicional de 70 euros mensuales, con lo que la subida alcanzaría los 180 euros al mes. A cambio de las mejoras salariales, el Ministerio exige contrapartidas encaminadas a la mejora del funcionamiento de la Oficina Judicial y la aplicación de nuevas herramientas informáticas. Justicia prepara "planes inmediatos" de actuación para resolver los retrasos una vez se supere el conflicto, y precisó que, dentro del máximo respeto del derecho a huelga, está vigilando "estrechamente" el cumplimiento de los servicios mínimos.

Paralelamente a la negociación con los sindicatos, Justicia recuerda que ha contactado y pedido colaboración a representantes de órganos jurisdiccionales y colectivos profesionales afectados por la huelga. Entre ellos, los presidentes de la Audiencia Nacional y de los Consejos Generales de abogados y procuradores, así como de los secretarios y gerentes de gobierno de las comunidades autónomas a las que no se ha transferido los órganos jurisdiccionales.