El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, admitió ayer la personación del PP en la causa en calidad de acusación particular, según informó este tribunal. De este modo, los populares podrán acceder al contenido de las acusaciones que hay contra dirigentes de su partido en Madrid y en Valencia, que era uno de sus objetivos al solicitar la personación en la causa.

El PP ya intentó personarse en el caso cuando éste estaba siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, pero el magistrado rechazó su solicitud ante la existencia de "serios indicios" de la actuación delictiva de miembros de este partido en la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa.

Ahora, Pedreira -que exige al PP que deposite una fianza de 1.500 euros antes de formalizar su personación- accede a su petición haciendo una "interpretación amplia" del artículo 24 de la Constitución y del derecho de defensa, según el TSJM.

El citado precepto establece, en su apartado primero, que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

El PP alegó en su solicitud de personación que el partido no debe figurar en la causa como acusado, sino como perjudicado, y por tanto acusador, de las operaciones realizadas por las empresas Especial Events S.L.; Easy Concept S.L. y Good &Better S.L., dirigidas por Correa y sus hombres de confianza Pablo Crespo y Antoine Sánchez como administradores de hecho y de derecho.

Pedreira también admitió la personación como acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas, fijando asimismo una fianza de 1.500 euros.

La decisión de admitir al PP y a la citada asociación como acusaciones puede ser recurrida por la Fiscalía ante la Sala Civil y Penal del propio TSJM.

Por otra parte, el instructor del caso Gürtel citó para el próximo martes en calidad de imputado al ex concejal del PP en Boadilla José Galeote -padre del eurodiputado Gerardo Galeote-, quien según las investigaciones realizadas por Garzón recibió de la trama dirigida por Correa un total de 612.506 euros. El nombre del imputado aparece en la contabilidad de la caja B de la sede de la empresa Special Events, en la calle Serrano número 40.

Por ejemplo, hay un apunte de marzo de 2002 de 111.206 euros entregados a Galeote cuando era edil de Boadilla, puesto en el que se mantuvo durante doce años. Según el juez Garzón, las fechas en las que se producen los pagos por orden de Correa registrados en la caja B coinciden en el tiempo con el momento en el que Galeote era concejal en el Ayuntamiento de Boadilla.

Es previsible que se le imputen los delitos genéricos de la causa: asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad. Ante el juez Pedreira está previsto que también presten declaración Eva María Sabio Villacorta y Gonzalo Naranjo Villalonga, del que hay una referencia en la contabilidad B que llevaba la trama.

Ante las acusaciones que pesan sobre numerosos dirigentes de su partido, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en pedir que se respete la "presunción de inocencia" de los implicados y recordó que la polémica sobre las subvenciones del lino afectó al PP y luego se demostró que todo era "un montaje".