En medio de una tempestad de fuertes disensiones, Mariano Rajoy recurrió a las dotes conciliadoras de Alicia Sánchez Camacho (Barcelona, 1967) para pacificar y reflotar el PP catalán, un partido deprimido que mira con añoranza la época feliz de los gobiernos con CiU en la Generalitat. La sombra del Estatut, que remueve desde 2006 los cimientos de la política catalana, preside su mandato: lleva año y medio en el cargo, la mitad de tiempo que el TC deliberando si el Estatut incumple o no la Constitución. En su condición de política y de antigua juez, el litigio le atañe por partida doble.

-¿El Estatut es un conflicto jurídico o político?

-El Estatut debería ser la norma que representara a todos los catalanes, pero no es así. Surgió en el marco del Pacto del Tinell, con el que se quiso excluir al PP. Lo que ahora deseamos los catalanes es que el Estatuto sea plenamente constitucional, y que se hable de los temas que realmente preocupan a los catalanes.

-De los 12 miembros del Tribunal Constitucional (TC) sólo 10 están en disposición de dictaminar si el Estatut cumple con la Carta Magna, y de los 10 hay cuatro que siguen en su puesto debido a que la renovación del órgano sigue bloqueada. ¿Está el TC en condiciones de emitir una sentencia?

-Evidentemente. Hay muchos magistrados o jueces que son sustitutos porque no existe la suficiente provisión de plazas para que haya jueces de carrera. En Cataluña hay casi 180 jueces sustitutos, y eso no resta legitimidad a las decisiones judiciales. Estamos entrando en un debate absolutamente erróneo porque me parece gravísimo que se haya iniciado una campaña de desprestigio y de deslegitimación de nuestras instituciones, que son la esencia de nuestra democracia.

-¿Deberían abstraerse los políticos de hacer juicios de valor en plena deliberación del TC?

-En absoluto. La independencia de la Justicia y la separación de poderes nos obligan a todos a decir, al menos yo como responsable política, lo único que puedo decir: que voy a acatar la sentencia, sea la que sea, y que lo que deseo para Cataluña es un Estatuto plenamente constitucional. Eso es lo que deberían decir todos, no como ha hecho el presidente del Gobierno al decir que está seguro de la constitucionalidad del texto. El único legitimado para decirlo es el TC.

-¿Constituyen las palabras de Zapatero una presión al TC?

-Son unas palabras que no debería haber pronunciado porque el presidente debería apostar por el respeto a las instituciones. Zapatero ha sido en gran parte responsable de todo lo que ha ocurrido con el proceso estatutario porque fue él quien impulsó el Estatut.

-¿Ha creado el presidente unas expectativas con el Estatut que la Constitución no puede cumplir?

-Zapatero fue quien inició esta apuesta estatutaria, quien nos dijo a los catalanes que aprobaría el mismo texto que aprobara el Parlament, cuando no ha sido así, y fue después quien desencalló el terminó nación. Es el responsable del proceso estatutario, y ahora quiere mirar hacia otro lado.

-¿Comparte el editorial pro Estatut publicado por la prensa catalana?

-Lo respeto pero no lo comparto. La mayoría de los catalanes no están en otra cosa que no sea el sentido común, la Constitución y el estatuto constitucional.

-En ese editorial se habla del hartazgo por la incomprensión hacia lo catalán, ¿no percibe un hartazgo del resto de España con las exigencias políticas de Cataluña?

-No. Lo que percibo es que a veces se producen situaciones en las que las posiciones no son fácilmente entendibles. Prefiero hablar más en positivo y no hablar ni de hartazgos, ni de frustración, ni de victimismo sino de trabajar y de vivir en concordia, que es mucho más importante que ahondar en esas cuestiones victimistas.

-¿Ha confundido la clase política catalana las prioridades al hacer prevalecer una reforma que sólo concitó el interés del 49.4% del censo catalán?

-Desde luego. El PP quiere estar para dar solución a los problemas reales de los ciudadanos, y el verdadero problema que tenemos en Cataluña no es otro que la grave crisis económica, con más de 600.000 parados. Unos quieren estar en debates identitarios, pero el PP quiere estar en el debate de la realidad, no en el de los políticos.

-A diez meses de las elecciones catalanas, ¿cómo afecta a los intereses electorales del PP el recurso que presentó al Estatut?

-El PP defiende las mismas convicciones en Cataluña, en Andalucía o en Madrid. Creemos que España es la única nación que hay y creemos también en una España en la que todas las comunidades podamos participar con igualdad y solidaridad. El Estatut iba en contra de lo que nosotros creemos, por eso presentamos ese recurso. La situación que ahora se ha creado va a demostrarles a muchos que el PP es el único que está defendiendo en Cataluña la Constitución y que está defendiendo su pertenencia a España y su relación con España.

-¿Con qué expectativas acude a esa cita electoral?

-Me presento por primera vez como candidata a la Generalitat aunque llevo 18 años en la política catalana. Acudimos con dos objetivos muy claros: romper el límite de representación en Cataluña para que el PP deje de ser una minoría y pase a ser un partido en expansión y con una representación mucho más importante y, en segundo lugar, el objetivo a conseguir es ser decisivos en la gobernabilidad de Cataluña, que haya un Gobierno con el PP.

-¿Es fácil para el PP hacer política en Cataluña?

-No es tan fácil como para otras opciones políticas, aunque cada vez más gente se está dando cuenta de que sentirse español es compatible con la defensa de los intereses de Cataluña.

-¿Se ha radicalizado la política con el tripartito?

-Lo que se ha radicalizado han sido las opciones de algunos. CiU ha optado por la radicalización y por una opción más soberanista; el PSC está en una deriva cada vez más nacionalista, alejándose de los postulados de partido social y obrero.