Presos, moneda de cambio

  • El Gobierno repite lo que mantenía el PP cuando era oposición: los reclusos etarras que no cumplan los requisitos que marca la ley seguirán en prisión, incluidos los dos que se encuentran en estado crítico

DOS presos de ETA se encuentran en estado crítico, la enfermedad avanza y a los responsables de Interior no les llega la camisa al cuerpo pensando que pueden fallecer en pleno debate político sobre la reforma laboral y la convocatoria de huelga, que han exacerbado los ánimos y podrían exacerbarse aún más si se produjera un fatal desenlace.

El Gobierno repite lo mismo que decía el PP cuando era oposición, que a pesar del anuncio de ETA de que abandonaba la actividad terrorista no van a ceder ante las pretensiones políticas de los partidos de su entorno y que en ningún caso facilitarán las cosas para que Sortu pueda ser legalizado. El PSOE de Zapatero había establecido a través de lo que llamó "Vía Nanclares", una línea de actuación que pretendía debilitar a ETA a través de los presos. Pero establecía que para que un preso de ETA pudiera acceder a los beneficios penitenciarios, tendría que mostrar arrepentimiento de sus actos delictivos, condenar ETA y pedir perdón a las víctimas. Muy pocos presos han aceptado esa vía, entre otras razones porque saben que, de hacerlo, serían rechazados por los suyos, por su entorno, incluso por sus familiares; un entorno en lo que peor que puede ocurrir a uno de ellos es ser considerado un traidor. Por tanto esa vía se encuentra en punto muerto, aunque distintos portavoces socialistas vascos la reivindican periódicamente no sólo porque es lo que han negociado con los partidos que estuvieron o están vinculados a la banda terrorista sino porque consideran que es la única posibilidad de que ETA dé el paso definitivo y entregue las armas.

En cuanto al Gobierno del PP, además de esas condiciones para que los presos obtengan beneficios, insiste en que los casos deben ser tratados de forma individual y siempre con un juez que certifique la legalidad del acceso a esos beneficios; el preso además debe contar con el perdón expreso de las víctimas a las que haya perjudicado por su delito concreto -de hecho algunos presos se han visto cara a cara ya con sus víctimas para pedirles perdón- y debe colaborar con la Justicia con toda la información de la que disponga.

Esa posición del Gobierno, que se supone inamovible, ha sido puesta en cuestión los últimos días cuando algunos miembros del equipo de Rajoy en reuniones con periodistas se han expresado excesivamente benévolos respecto al futuro, lo que ha hecho pensar a esos periodistas que al menos algunas personas del Ejecutivo no comparten un planteamiento tan drástico respecto a cómo debe ser el trato a los presos. Ante esa situación, portavoces autorizados a los que se ha preguntado por un posible cambio de criterio, han insistido en la posición inamovible de Rajoy, que es quien marca la línea a seguir, única línea a seguir: ni un preso saldrá de prisión si no cumple los requisitos que marcan los jueces y los requisitos políticos que exige el Gobierno.

Coincide el debate con la propuesta de Patxi López de crear una mesa para abordar todas las cuestiones relacionadas con ETA y con su entorno, así como nombrar un comisionado que estudie todas las propuestas para alcanzar la paz. La idea del lehendakari se asemeja sospechosamente a la mesa de diálogo que ha defendido siempre Batasuna, a pesar de que López negó de forma tajante que quisiera seguir ese modelo.

Hasta ahora la iniciativa política más clara que se ha tomado desde que gobierna el PP ha sido el manifiesto que han firmado todos los grupos parlamentarios con excepción de UPyD y de la izquierda más radical, en el que proponen trabajar conjuntamente para lograr el fin definitivo de ETA. Fue la respuesta a una iniciativa de Rosa Díez de presentar una propuesta parlamentaria para que el Congreso de los Diputados promoviera la ilegalización de Bildu y Amaiur.

La reacción de los partidos mayoritarios fue de calificar como demagógica la moción de UPyD, porque la ilegalización de Bildu y Amaiur no está en manos de los partidos, sino de la Justicia. Tanto dirigentes del Gobierno como de los partidos firmantes recordaron que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado trabajan intensamente para aportar nuevas pruebas que sumar a las que presentaron meses atrás y que según el Tribunal Supremo demostraban la connivencia entre ETA y Bildu, y que, sin embargo, el Tribunal Constitucional no las consideró suficientemente sólidas, por lo que dio vía libre a la legalidad de Bildu. Tanto Guardia Civil como Policia por su parte confirman que siguen las instrucciones recibidas en ese sentido y, como explica un guardia civil con muchos años de experiencia en la lucha contra el terrorismo: "Si alguien tiene más interés que nadie en que Bildu sea ilegalizado somos nosotros, que hemos puesto tantas víctimas. Pero Bildu y Amaiur saben que los tenemos en el punto de mira y actúan con la máxima cautela. Conocen muy bien los límites que marca la ley y qué puede ser considerado una prueba para utilizar en su contra".

Aseguran en el entorno de Rajoy que no se va a ceder en la posición respecto a ETA, que no están de acuerdo con la mesa de Patxi López y que no habrá un gesto hacia ETA mientras la banda no anuncie dónde entrega las armas. Mientras tanto, los presos que no cumplan los requisitos que marca la ley y los que marca el Gobierno, seguirán en la cárcel. Incluidos los dos que se encuentran en estado crítico, porque hasta el momento no ha habido ningún médico que, de acuerdo con el juez, haya firmado el documento que le permite ser enviado a casa por razones estrictamente humanitarias. Como ocurre con cualquier preso, de cualquier categoría, que enferme en prisión.

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