Parálisis en la Audiencia por la huelga judicial

  • Las investigaciones de los Juzgados de Instrucción están en el dique seco

La huelga de funcionarios judiciales está generando graves efectos en el desarrollo de la actividad de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. En los seis Juzgados de estas dependencias las investigaciones se encuentran casi paralizadas. La excepción son las causas en las que existen detenciones o presos, informaron ayer distintas fuentes jurídicas.

Esta situación se debe a que salvo en el caso del Juzgado que se encuentra de guardia de forma semanal, los servicios mínimos establecen la presencia de solo funcionario para cada uno de los jueces centrales, dotación que resulta insuficiente para gestionar la actividad diaria. Además, los paros han desencadenado la suspensión de casi el cien por cien de los juicios de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de un 64 por ciento de las vistas en el caso de la Sala de lo Social.

La Sala de lo Contencioso es la más perjudicada hasta la fecha dado que el 95 por ciento de las actuaciones han quedado suspendidas a la espera de que se reanude la actividad de los funcionarios, que reclaman incrementos salariales desde el pasado 4 de febrero, lo que les ha enfrentado abiertamente al ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo. Además, el cien por cien de las demandas se encuentran pendientes de incoación y un total de 4.067 escritos presentados todavía no han sido tramitados.

En el caso de la Sala de lo Social, el 64 por ciento de los juicios no ha podido celebrarse a consecuencia de los paros. La Sala de lo Penal se ha visto menos afectada dado que las vistas orales se han celebrado con reguralidad debido a que estaban señaladas con anterioridad al inicio de la huelga. No obstante, los efectos de la protesta laboral comenzarán a notarse a partir de esta misma semana.

Los sindicatos CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ, convocantes de la huelga, reclaman una homologación salarial con la media de los sueldos de los funcionarios de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia. Bermejo ha ofrecido un aumento de 110 euros por funcionario y mes, con efecto desde el 1 de enero de 2008, que se incrementaría hasta los 180 euros a partir de abril de 2009; cuando los sindicatos exigen una subida salarial de 200 euros mensuales ya para este año.

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