El Gobierno ha decidido reducir las penas de cárcel tanto a quienes dificulten o impidan el ejercicio de huelga a sus trabajadores, como a los piquetes, que aun así estarán sometidos a castigos más duros, tal y como queda recogido en una de las enmiendas que el PP ha presentado al proyecto de reforma del Código Penal.

La propuesta de modificación toca el polémico artículo 315, incluido en el capítulo sobre delitos contra los derechos de los trabajadores y que incluye las sanciones tanto para quienes impiden celebrar una huelga como para quienes obligan a secundarla.

La idea es reducir las penas de cárcel para quienes "mediante el engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga" de la horquilla de seis meses a tres años y medio actual, a un nuevo tramo de entre seis meses y dos años. Las cuantías de las multas se mantienen, pero se hace incompatible aplicar ambos castigos, por lo que el juez deberá elegir entre sancionar pecuniariamente o mandar a la cárcel a quien impida o dificulte el ejercicio de huelga.

Ahora bien, el PP también introduce cambios en relación con las penas agravadas, que ya no se aplicarán cuando los impedimentos a la huelga se realicen con "fuerza, violencia o intimidación", sino únicamente cuando se demuestre que ha habido "coacciones".

En estos casos, el castigo de cárcel posible se reduce de entre los actuales tres y cuatro años y medio de prisión a entre 21 meses y tres años, mientras que las multas se elevan desde los entre doce y 18 meses a entre 18 y 24 meses. También en este caso se deberá optar por una de las dos modalidades de castigo, o multa o prisión.