El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella contra el embajador de España en Kabul, Emilio Pérez de Ágreda, por delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa, por la falta de medidas de seguridad en el atentado contra la embajada en Afganistán cometido el 11 de diciembre de 2015 y en el que murieron dos policías.

El magistrado ha aceptado investigar la denuncia presentada por los familiares de los agentes destinados en la sede diplomática e investigará también al segundo máximo responsable de la legación, Oriol Solá. Acuerda notificar la resolución a la Abogacía del Estado, en nombre de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior, por si desean personarse en la causa y advierte que de la nueva causa puede derivarse responsabilidad civil, tal y como reclaman los afectados. La querella aceptada acusa a Pérez de Ágreda de no atender "nunca" las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad para la Embajada, que se remontan al inicio de su construcción, en el año 2008.