Investigan por pagos a ETA a un empresario que sufrió 17 días de secuestro en 1983

  • Confebask exige que se trate como víctimas y no como delincuentes a los que padecen la extorsión terrorista

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó ayer el registro del domicilio del empresario guipuzcoano Jesús Guibert Azkue en relación con el pago a ETA del llamado impuesto revolucionario, informaron a Efe fuentes de la investigación.

Guibert, de 81 años, fue secuestrado el 21 de marzo de 1983 en Azpeitia (Guipúzcoa) por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial Ucinsa, y quedó en libertad diecisiete días después, supuestamente tras el pago de unos 150 millones de pesetas.

El registro de ayer se producía veinticuatro horas después de otro en el domicilio bilbaíno del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, que llegó a estar detenido unas horas por la Guardia Civil.

Ambos registros están relacionados con la documentación intervenida al considerado máximo dirigente del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, Thierry, apresado en la localidad vascofrancesa de Burdeos el pasado 20 de mayo.

Ya el pasado 12 de junio, y a raíz también del análisis de los documentos intervenidos en esa operación policial, Garzón ordenó el ingreso en prisión incondicional de dos hermanas empresarias detenidas el día anterior en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda.

Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional han señalado que "muy posiblemente" y "a la vista de los atestados policiales", Garzón citará en los próximos días a Jainaga y a Azkue para tomarles declaración como imputados.

La Confederación Empresarial Vasca (Confebask) pidió ayer que se respete la presunción de inocencia para el consejero delegado de Sidenor y que se tenga en cuenta que toda persona extorsionada y amenazada por ETA es, ante todo, "una víctima que merece amparo y respeto". Confebask reiteró en un comunicado su "absoluta condena y rechazo" a la extorsión etarra que vienen sufriendo los empresarios y destacó "la actitud y el compromiso que la inmensa mayoría de ellos vienen demostrando, resistiéndose de forma tan ejemplar a la coacción y el chantaje".

La organización empresarial mostró además su solidaridad "a todas las personas que vienen sufriendo situaciones tan dolorosas y a las que en ningún caso cabe tratar como delincuentes", así como la postura ética, "tantas veces expresada por esta organización, de no sucumbir a la extorsión" que ejerce sin pausa la organización terrorista.

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