El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, abogó ayer por ampliar las competencias del órgano judicial para que también investigue y juzgue la inmigración ilegal y los delitos informáticos transnacionales y contra el patrimonio histórico.

En un desayuno informativo, el magistrado que juzgó a los responsables de los atentados del 11-M también apostó por una serie de reformas para que se delimite con precisión cuándo el blanqueo de capitales es competencia de la Audiencia Nacional, redefinir las defraudaciones, y la gran delincuencia económica, para que los magistrados puedan saber con más claridad cuando los hechos pueden perjudicar la economía nacional. También estimó necesaria una limitación de competencias en la falsificación de moneda y una redefinición de la jurisdicción universal "para que sea más efectiva y práctica".

En el acto, que contó con la presencia del magistrado Baltasar Garzón -a pesar de su conocida rivalidad-, el fiscal jefe, Javier Zaragoza; su compañero de tribunal en el juicio del 11-M Alfonso Guevara, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Púmpido, y el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, entre otros juristas, Gómez Bermúdez aseguró que el órgano judicial que dirige dictó 283 sentencias el pasado año. De ellas, 77 (el 28%) fueron relativas a terrorismo, de las que 62 fueron de ETA, siete de terrorismo islamista, otras siete de los Grapo y una del independentismo catalán.

A preguntas de los periodistas, el magistrado entró en la polémica entre jueces y fiscales por la competencia de la investigación. Dijo que "la ley es muy clara" y si en la fase prejudicial es el Ministerio Público el encargado de llevar la investigación, "una vez que se judicializa el fiscal debe cesar en el caso". De todas maneras, aseguró que en este caso "no llegará la sangre al río". "Las disputas entre hermanos (entre jueces y fiscales) son muy llamativas y con simples parientes (jueces y abogados) parece que son menos, que son más normales", espetó.