El Gobierno impulsa la mediación voluntaria para aliviar el colapso judicial

  • El Consejo de Ministros ha suprimido la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, encargada de recopilar información sobre las fosas comunes conocidas en el país.

El Gobierno ha aprobado este viernes el Real Decreto Ley de Mediación Civil y Mercantil, que impulsa la resolución de conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales como una fórmula de carácter totalmente voluntario y con el objetivo de aliviar el colapso de los Juzgados.

El carácter "voluntario" de la mediación -sin obligación legal ninguna de acudir a ella- supone una novedad respecto al proyecto que en 2011 remitió a las Cortes el Gobierno socialista, que imponía esta vía para la reclamación de cantidades inferiores a 6.000 euros. Para fomentar la mediación, el real decreto prevé también que, cuando el juez aprecie que un caso podría ser resuelto de forma más ágil y barata por un mediador, podrá instar a las partes a utilizar esta fórmula, para lo que les invitará a asistir a una sesión informativa.

Otra de las novedades que incluye el proyecto aprobado, según han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia, es que el mediador no tendrá que ser obligatoriamente un licenciado, sino que el requisito que se establece es que tenga una "formación mínima" para intervenir en este tipo de controversias. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que el Ejecutivo buscará la colaboración de las Cámaras de Comercio para que puedan ejercer entre sus funciones la labor de mediación en el ámbito civil y mercantil.

Sáenz de Santamaría ha destacado la importancia de esta norma para reducir la litigiosidad y conseguir una Justicia ágil, moderna, eficaz y eficiente y ha explicado que con ella se persigue que los particulares, en lugar de acudir a los tribunales, intenten ponerse de acuerdo a través de la figura del mediador que trata de conciliar y acercar sus posiciones. A diferencia del arbitraje, donde las partes se obligan previamente a acatar la resolución de un árbitro elegido por ellas, el mediador no tiene capacidad de decisión, sino que trata de acercar posturas entre los litigantes para que lleguen a un acuerdo ellos mismos.

No obstante, y como medida para reforzar los pactos alcanzados, si las partes elevan éstos a escritura pública podrán pedir su ejecución en los tribunales en caso de incumplimiento por alguna de ellas. Sáenz de Santamaría ha precisado que el real decreto responde a la urgencia de reducir la litigiosidad para evitar el colapso de los tribunales de Justicia y a la necesidad de trasponer una Directiva Comunitaria de 21 de mayo de 2008, que estaba vencida de plazo desde 2011, para evitar sanciones de la Unión Europea.

Ha indicado que el Gobierno pedirá a los grupos parlamentarios en el Congreso que aprueben su tramitación como proyecto de ley con el objetivo de incorporar las aportaciones de los distintos partidos políticos a la propuesta inicial del Ejecutivo.

Los acuerdos de mediación tienen un índice de cumplimiento voluntario por las partes muy superior al de los laudos arbitrales y las sentencias, que alcanza hasta el 98 por ciento de los casos, según el Ministerio de Justicia. El real decreto excluye expresamente la mediación penal, laboral, de consumo y con las administraciones públicas.

Desaparece la oficina encargada de coordinar las exhumaciones

El Gobierno ha decidido también suprimir la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, que era el departamento del Ministerio de Justicia encargado de coordinar las exhumaciones de los restos de desaparecidos. Según la referencia del Consejo de Ministros , en la que se explican los cambios en la estructura del Ministerio de Justicia, desaparece esta oficina y sus funciones serán desempeñadas por la División de Derechos de Gracia y otros Derechos que dirige la Subsecretaría de Justicia.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creo la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura en diciembre de 2008, con el objetivo de garantizar la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones.

Este departamento fue el encargado de recopilar toda la información sobre las fosas comunes conocidas en el país, de la que se informó en el mapa de fosas que publicó la página web de la memoria histórica que puso en marcha el anterior Ejecutivo. En mayo del año pasado, cuando se publicó dicho mapa, la Oficina tenía constancia de 2.246 fosas, de las que casi la mitad estaban en Aragón y Andalucía.

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