La Fiscalía rechaza imputar a Bush por torturas en Guantánamo

  • El juez Ruz trató de reactivar una causa que afectaría a otros ex altos cargos de EEUU

La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó ayer la imputación del ex presidente de Estados Unidos George W. Bush y otros cinco ex altos cargos de su Administración en la causa en la que se investigan las torturas que cuatro presos habrían sufrido en la prisión de Guantánamo entre 2002 y 2005. El Ministerio Público considera que "en este momento la investigación no ha aportado los elementos necesarios para poder identificar a los presuntos responsables de las lesiones sufridas por los querellantes".

Así consta en el escrito que el fiscal Pedro Martínez Torrijos remitió el pasado martes al juez Pablo Ruz en respuesta a un auto dictado el pasado 13 de enero en el que el magistrado reactivaba la causa y preguntaba si debía imputar por estos hechos al ex presidente; su vicepresidente, Dick Chenney; el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld; el general Michael Lehner, jefe de la base militar de Guantánamo; el general Geoffrey Miller, responsable de las operaciones conjuntas de detención e inteligencia; y el ex director de la CIA George Tenet.

Según el Ministerio Público, la propia resolución del juez Ruz "excluye a los destinatarios de la querella formulada por la representación de Lahcen Ikassrien", el marroquí con arraigo en España que denunció los hechos junto a Hamed Abderraman Ahmed, el denominado talibán español; el palestino Jamil Adullatif El Banna; y el libio Omar Deghayes.

Ruz reafirmó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos por el "vínculo de conexión relevante con España" de las víctimas y por la "falta absoluta de respuesta" en las dos comisiones rogatorias que cursó a las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido preguntándoles si estaba persiguiendo estos hechos.

Sin embargo, la Fiscalía "no se opone" a la personación en la causa como acusación particular solicitada por el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (Ecchr) y el Centro para los Derechos Constitucionales de Nueva York (CCR), una vez que han presentado el poder de los perjudicados por el delito.

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