Se acabó el tiempo de pelear por decidir quién manda. Tanto los políticos como los economistas deben ponerse a trabajar sobre las cuestiones  que plantean verdaderos dilemas a los primeros, como el de la reforma del modelo territorial del Estado, con intereses abiertamente enfrentados entre las regiones ricas y pobres. Nos pondremos hoy en el lugar de estas últimas y dejaremos para otro ocasión la perspectiva de las primeras.  

En una comunidad como la andaluza, con un atraso del 25% respecto del conjunto de España  desde los años 80 y una tasa de paro del 28,5% (frente al 18,9%), el mensaje básico del economista al político había sido, hasta ahora, que tenía que escoger entre dos alternativas fatídicas. Si efectivamente se quiere acabar con el atraso económico y social, tendrá que aceptar que los salarios sean aquí más bajos que en el resto y un saldo migratorio negativo. Si por el contrario se elige evitar ambas fatalidades, nos condenamos a permanecer entre las regiones más atrasadas y a seguir dependiendo de un sistema de subsidios y transferencias de renta interregionales. La crisis financiera y la del modelo autonómico han provocado un cambio radical en el debate entre los políticos y los economistas, pero estos últimos siguen teniendo la responsabilidad de recordar un par de precisiones al político.   

La primera, que su verdadero dilema es elegir entre la mejor solución a corto y largo plazo. Si elige el corto plazo, conseguirá evitar el drama de la emigración y el deterioro de las rentas del trabajo, pero a costa de mantener nuestra reducida capacidad de generación de riqueza y empleo y nos obliga a seguir dependiendo de la solidaridad interregional. El precio de la elección es, por tanto, la condena, probablemente durante décadas, al subdesarrollo relativo y a los mayores niveles de desempleo.  

La segunda, que con un sistema fiscal verdaderamente progresivo y activo frente a las desigualdades territoriales, el dilema podría resultar bastante menos dramático. Los requerimientos migratorios y salariales tienen como motivación básica el establecimiento de un marco de competencia salarial que incentive la localización y relocalización de empresas en las regiones deprimidas. Las subvenciones y los subsidios persiguen mantener los atractivos a la inversión periférica y evitar sus costes sociales, pero, en la medida en que presionan al alza sobre los salarios locales, terminan beneficiando a las regiones más prósperas, cuyo atractivo locacional se mantiene intacto gracias al diferencial de productividad, en ausencia de competencia salarial. Un sistema de incentivos regionales basado en ventajas fiscales para las regiones desfavorecidas permite sustituir la competencia salarial por competencia fiscal, con el consiguiente ahorro de costes sociales. El problema es que no corren tiempos propicios para un sistema fiscal de estas características, y de ahí la trascendencia de comenzar a trabajar en estos temas en los que Andalucía se juega un nuevo largo periodo de permanencia entre las regiones más atrasadas de España y Europa. Las regiones ricas tienen otros planteamientos, que revisaremos en la tribuna de la próxima semana.