"La concertación es un freno a la innovación"

  • El Observatorio Económico de Andalucía niega que haya más paz social en la región que en España

El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) considera en su informe Un programa de ajuste y competitividad para Andalucía que la concertación social, desarrollada en la comunidad desde 1993, puede ser "un freno" a la innovación en las políticas económicas y sociales. El informe señala que la necesidad de que las políticas sean consensuadas por todas las partes ha conducido "en múltiples ocasiones" a que sólo se aprueben planes y programas con contenidos tradicionales.

El Observatorio aboga por la "desaparición" de los acuerdos generales de concertación "sin descartar su utilidad para asuntos específicos en los que las organizaciones firmantes tengan responsabilidades directas y puedan asumir compromisos de cumplimiento". Los acuerdos de concertación de la Junta con la CEA, UGT y CCOO se han convertido en actuaciones "recurrentes" en la región, que el Gobierno andaluz esgrime como uno de sus logros distintivos, según indica el informe.

Desde 1993 se han firmado siete acuerdos, en los que se han pactado no sólo los planes generales de desarrollo, sino también planes y programas en materias tan diversas como la industria, la promoción exterior, el turismo, la innovación y el desarrollo tecnológico, la formación profesional o el desarrollo rural.

El Observatorio ha mantenido una actitud crítica ante el protagonismo de los agentes sociales en la formulación, aplicación y seguimiento de la política económica y considera que "la concertación ha sustituido al Parlamento andaluz en la aprobación y seguimiento de las políticas gubernamentales". El Gobierno andaluz y las organizaciones firmantes justifican la concertación porque contribuye a la paz social y ha demostrado ser una experiencia muy positiva para el desarrollo de Andalucía. Pero las jornadas de huelga por asalariados en los últimos 20 años en Andalucía no son inferiores a la media nacional y, además, no existen evaluaciones rigurosas sobre la vinculación de una y otro, limitándose a las afirmaciones de la Junta y los agentes sociales.

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