La reforma del sector del vino aprobada recientemente por la Unión Europea cierra una era de la Política Agrícola Común (PAC), adecuada por fin a las reglas de la Organización Mundial del Comercio y capaz de enfrentarse a la competencia externa.
El mercado del vino era el único sector agrario que quedaba por revisar, antes de que los Veintisiete vivan en 2008 lo que se anuncia como una reñida reforma del marco de ayudas con el fin de adaptarla al escenario de la ampliación. Como ocurre con casi todas las negociaciones comunitarias, la firma del acuerdo se dilató en el tiempo tras año y medio de deliberaciones dentro del Consejo de Agricultura comunitario.
En este sentido, 2007 ha sido el año en que la Unión Europea ha trasladado la revisión de la PAC a dos producciones mediterráneas y de interés para España: el vino y el hortofrutícola, esta última aprobada por los ministros en junio, en Luxemburgo.
Si con el vino hubo consenso, en otros casos como el del algodón, cuya reforma se hizo en 2004, las negociaciones terminaron en guerra judicial. España, segundo productor europeo, se había opuesto ferozmente al acuerdo y por ello había recurrido a la Corte Europea de Justicia (CEJ) para exigir su anulación. Aunque la CEJ dio en parte la razón a la demanda española en un fallo en septiembre pasado, la Comisión Europea volvió a poner sobre la mesa en noviembre su reforma original, al considerar que la justicia no invalidaba el principio de la misma sino cuestiones secundarias, lo que promete nuevas disputas.
Todas estas reformas por sector no están vinculadas con otro debate que acaba de comenzar: la segunda “modernización” de la PAC mediante una serie de propuestas que buscan aprovechar la coyuntura de altos precios mundiales de materias primas y recortar ayudas a los grandes productores europeos, algo conocido como el “chequeo médico”. Sin embargo, el proyecto de Bruselas incluye ideas ambiciosas como la reducción de los pagos directos para reforzar otras políticas en beneficio del campo y reducir aún más las subvenciones a los grandes propietarios.
La Política Agraria Común es la política que más volumen absorbe del presupuesto comunitario de la Unión Europea, 55.000 millones de euros en 2007, teniendo a España como segundo receptor (6.681 millones en 2006). La reforma que propuso Bruselas aumenta los recortes de ayudas directas al agricultor, hasta el 13 por ciento en 2013 y reducirlas aún más a los que perciben más de 100.000 euros para destinar ese dinero a las llamadas medidas de desarrollo rural.
Además, la Comisión Europea plantea que el sistema de cuotas lecheras acabe en 2015 y entre tanto, subir tales cupos un 2 por ciento en la campaña de 2008 para ir acostumbrando al sector a la liberalización y también contribuir a reducir los precios.
No obstante, en el proyecto de “revisión médica” de la Política Agraria Común, Bruselas insiste en que el máximo de ayudas posible se despegue de la obligación de producir. La propuesta que está sobre la mesa no es el proyecto legislativo, que la Comisión Europea hará público en primavera, con lo que la negociación de la reforma se producirá en el segundo semestre de 2008, cuando Francia ejercerá la presidencia rotatoria de la Unión Europea.
Aunque la comisaria Fischer Boel ha advertido que no está en juego el dinero para la Política Agraria Común hasta 2013 será inevitable que las discusiones sobre la reforma se mezclen con los debates de la Unión Europea sobre el presupuesto general.
Comentar
0 Comentarios
Más comentarios