El Gobierno y las comunidades autónomas abordarán hoy en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo objetivo de déficit para este año y el mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, entre otras cuestiones. Este encuentro, que estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, llega después de que el Consejo de Ministros diera su visto bueno a un objetivo de déficit para las autonomías del 1,5% del PIB en 2012 frente al 1,3% establecido para 2011.

Pese a las presiones de las comunidades, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se mostró ayer contrario a flexiblizar el ajuste. Rajoy insistió en que "el Gobierno se responsabiliza de todo" y asume el problema de las autonomías y los ayuntamientos, por lo que toma decisiones para "entre todos sacar a este país de la difícil situación en la que está, con un plan preconcebido, estudiado y que se está cumpliendo". Por su parte, Cristóbal Montoro, mostró su confianza en que ninguna autonomía pedirá en el Consejo que se "relaje" el objetivo de déficit, que para el conjunto de las administraciones se sitúa en el 5,8% del PIB. "A nadie le conviene" solicitar más flexibilidad, advirtió el ministro, quien insistió en que es preciso adecuar los presupuestos a esta cifra y actuar con "moderación", además de llevar a cabo "políticas de realismo".

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular no critican en público su disconformidad con la cifra marcada por el Ejecutivo, mientras que Andalucía y Cataluña ya han expresado su negativa al entender que el Gobierno central tiene que hacer un esfuerzo menor, a pesar de que las autonomías gestionan la mayor parte de los servicios esenciales.

Rajoy recibió ayer el respaldo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a su decisión de no cumplir este año con el déficit público que España había pactado con la Unión Europea (UE). Ese paso supone "transparentar las cifras" y "constatar que el desafío fiscal y presupuestario es mayor que cuando se preveía más crecimiento", dijo en Madrid el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, tras entrevistarse con Rajoy en el Palacio de la Moncloa. En línea con lo manifestado por el jefe del Gobierno español, Gurría defendió que lo que se está haciendo es "ajustar los ritmos en el camino", y apoyó también el "ambicioso programa de reformas" emprendido por el Gobierno de Rajoy, entre ellas las del mercado laboral y el sector financiero.

En cambio, Bruselas insiste en que el incumplimiento de los objetivos de déficit es "grave" y puede acarrear sanciones, según Amadeu Altafaj, portavoz del comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. La Comisión Europea recordó que España se salvó de un rescate en 2010 gracias a que cumplió sus objetivos de déficit, y advirtió que si el país no toma las medidas oportunas para reconducir la situación formulará recomendaciones que podrían conducir a sanciones.

Altafaj recordó que en 2010 hubo "muchas especulaciones" sobre la posibilidad de que "España pudiera estar en riesgo" de seguir a los países que necesitaron un rescate, "y eso no pasó porque las autoridades españolas respetaron los objetivos". Fuentes comunitarias fueron más allá al decir que, si bien no pueden predecir la reacción de los mercados, "nadie sabe si se creerán las promesas de un país con tan serias desviaciones".

Estados como Holanda o Bélgica, obligados a acometer considerables esfuerzos para respetar sus metas presupuestarias, verían con malos ojos que España se beneficie de una indulgencia a la que ellos no tendrían derecho. Las sanciones contempladas podrían ir del 0,2% al 0,5% del PIB español (un mínimo de 2.000 millones de euros). Sin embargo, una fuente diplomática admitió que es imposible pedirle a Madrid que se ajuste este año a un déficit del 4,4% tras haber registrado un 8,51% en 2011.