El Gobierno quiere extemar la lucha contra el fraude. Con este fin, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, avanzó ayer que el Gobierno planea reforzar el control de las liquidaciones del IVA y poner en marcha medidas para reducir los pagos en efectivo.

Durante la sesión de control al Ejecutivo y en respuesta a una interpelación del diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, Montoro explicó que estos planteamientos se enmarcan en un paquete de medidas, promovidas por la Agencia Tributaria, que el Gobierno está preparando para la lucha contra el fraude y que "pueden reportar importantes ingresos" a partir de 2017.

Entre estas medidas, figuran algunas "relativas al control de las liquidaciones del IVA", lo que no implicará la subida del impuesto, insistió Montoro, al tiempo que se abogará por "reducir los pagos en efectivo", una cuestión que no ha detallado .

También se revisarán los aplazamientos en los pagos a la Agencia Tributaria porque, ha explicado el ministro, "no tiene mucho sentido que teniendo la facilidad de crédito que existe hoy las empresas se financien sobre la Hacienda de todos" y quede un volumen de deuda pendiente "de decenas de miles de millones de euros".

De hecho, este "plan de lucha contra el fraude y mejora de control tributario" empezará a concretarse la próxima semana, añadió Montoro, cuando el Gobierno tiene que exponer las medidas para el cumplimiento de los objetivos de déficit público.

El ministro de Hacienda defendió estas medidas como una vía de mirar al futuro y dejar "de dar vueltas" a un pasado representado por la amnistía fiscal de 2012, que era la cuestión que se planteaba en la interpelación.

El diputado De la Torre insistió en su intervención en que los "defraudadores" que se acogieron a la amnistía no pagaron el 10% de los bienes aflorados que exigía la ley, y que el plazo para que la Agencia Tributaria revise y reclame estas declaraciones vence el próximo miércoles 30 de noviembre a menos que se envíe una notificación.

A este respecto, Montoro reiteró que el proceso "no prescribe" y que la Agencia Tributaria podrá seguir investigando, como muestra la carta informativa remitida a todos los que se acogieron a esta regularización extraordinaria. Asimismo, destacó que la regularización permitió aflorar una gran cantidad de patrimonio en el exterior y que la lucha contra el fraude "ha recaudado como nunca" en los últimos años.

De la Torre tachó de "injusta" y de "error" la amnistía, al tiempo que subrayó que aunque la posibilidad de investigar "siempre está ahí, los efectos de esa investigación no son los mismos" una vez que finalice el plazo de liquidación efectiva el próximo 30 de noviembre.

Por su parte, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que entre las propuestas realizadas por el ministro hay una "contradicción" y piden que se reduzca el límite de los pagos en efectivo a 1.000 euros desde los 2.500 euros actuales y que las facturas que se abonen por encima de esta cantidad, contraviniendo dicha limitación, no se puedan deducir en la declaración del IRPF o en el Impuesto de Sociedades, como se viene haciendo actualmente.