El Gobierno aprueba un paquete de medidas para evitar los desahucios

  • El Ejecutivo promueve la dación en pago para familias con todos los miembros en paro y con viviendas de menos de 200.000 euros mediante un código de buenas prácticas.

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El Gobierno promoverá la dación en pago -entrega de la vivienda para saldar la hipoteca contraída con el banco- para familias con todos sus miembros en paro y con primeras viviendas de menos de 200.000 euros. Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros. "Estas medidas buscan paliar la situación dramática de muchos españoles que lo han perdido todo", sentenció, para después recordar que 1,5 millones de familias tienen todos sus miembros en desempleo.

En concreto, la dación en pago se permitirá, si los bancos que concedieron la hipoteca lo aceptan, a las familias en paro con viviendas por valor de hasta 200.000 euros en ciudades de más de un millón de habitantes, y de hasta 180.000 euros en núcleos de población de más de medio millón de habitantes. El umbral se fija en un valor máximo de 150.000 euros en las poblaciones de más de 100.000 personas y de hasta 120.000 euros en las de menos de esta densidad.

Esta medida se incluye en un código de buenas prácticas para evitar el impacto social de los desahucios y se publicará este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El código también busca permitir la dación en pago a familias que no puedan afrontar el pago de la hipoteca con el 60% de todos sus ingresos.

El Gobierno además limitará los intereses de moratoria a la suma de los pactados, al contraer la hipoteca (Euríbor) más un máximo del 2,5% de intereses de demora. "Se pone un limite a los intereses de demora que hoy por hoy en algunos casos eran bastantes exagerados", admitió Sáenz de Santamaría. Los bancos se podrán acoger a este código de forma voluntaria, si bien una vez aceptadas las condiciones promovidas por el Gobierno su carácter será obligatorio durante al menos dos años y, tal y como concretó la vicepresidenta, los hipotecados podrán recurrir a los tribunales para su cumplimiento. Además, el Ejecutivo constituirá una comisión de seguimiento para garantizar que las entidades comprometidas cumplen con el código. Para ello, emitirá informes semestrales. 

Buena acogida entre los bancos

La número dos del Gobierno no quiso desvelar qué entidades han decidido acogerse a estas medidas, aunque anticipó que la propuesta ha sido "bien acogida". "Todos tenemos que hacer esfuerzos", aconsejó. Dentro de los incentivos fiscales previstos por el Gobierno para animar a la banca a incorporarse al código de buenas prácticas figuran bonificaciones fiscales en la novación de la hipoteca para los casos de reestructuración de la deuda, y en las escrituras. Preguntada sobre cuántas familias se podrán beneficiar de esta medidas, la vicepresidenta no se aventuró a dar un cifra, si bien recordó que desde el inicio de la crisis se han producido entre 200.000 y 300.000 desahucios. "Estamos hablando con los bancos para evitar que las familias que perdieron el trabajo también sean echados de su casa y pierdan todo", defendió.

Ampliación de las hipotecas hasta los 40 años

Entre los mecanismos que se prevén para evitar el desahucio, en primer lugar se buscará una reestructuración del pago de la hipoteca estableciendo un periodo de carencia en el pago del capital de hasta cuatro años, y una ampliación del plazo del préstamo hasta 40 años. En caso de que el deudor no pueda hacer frente a sus obligaciones de pago con estas facilidades, se prevé una quita de parte de la deuda en una segunda fase, y si aún así es inviable hacer frente a la hipoteca, se prevé la entrega de las llaves de la vivienda. Una vez llevada a cabo la dación en pago, se contempla que el antiguo propietario permanezca en la vivienda en régimen de alquiler durante dos años prorrogables. La renta que deberá pagar resultará de aplicar a la deuda restante un porcentaje de un 3%. 

La vicepresidenta calculó que si la deuda pendientes es de 100.000 euros, la renta será de 250 euros al mes. El impago de la renta devengará un interés de demora del 20%. Sáenz de Santamaría explicó que se podrán acoger a la dación en pago aquellos deudores dentro del umbral de exclusión con una hipoteca en vigor, y no solo para los préstamos de esta naturaleza que se firmen de ahora en adelante. Por último, la vicepresidenta justificó la utilización de ese código de buenas prácticas en que no se puede cambiar con carácter retroactivo la ley, que contempla dos tipos de hipotecas, aquellas en las que el hipotecado responde sólo con la vivienda, y aquellas en las que responde con su patrimonio.

El real decreto aprobado recoge además una reforma de los procedimientos de ejecución extrajudicial, con el fin de hacerlos "más ágiles, baratos y transparentes". En concreto, se impulsa un nuevo sistema de subastas on lineen colaboración con los Ministerios de Justicia y de Presidencia.

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