Economía

Fomento y sindicatos acuerdan unos servicios mínimos similares a 2010 para la huelga general

  • El secretario de Estado de Transportes explica que las únicas diferencias están en los trenes de cercanías, que funcionarán al 30%, y en el tráfico aéreo, que lo hará al 10% en la península y al 50% en las islas.

El Gobierno ha expresado su satisfacción por los servicios mínimos acordados con CCOO y UGT para la huelga general del 29 de marzo, mientras que los sindicatos han recibido el respaldo de parte del mundo de la cultura y la educación a su protesta contra la reforma laboral. En la noche del viernes, el Ministerio de Fomento, tras más de diez horas de negociación con los sindicatos, pactó unos servicios mínimos para el transporte y las comunicaciones casi idénticos a los que las centrales sindicales cerraron con el PSOE para la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

La titular de Fomento, Ana Pastor, ha destacado su "satisfacción" por ello y ha agradecido la "buena disposición" de las organizaciones sindicales para sellar el pacto. "Son unos servicios mínimos que muestran la responsabilidad de todos para que hagamos compatible el derecho a la huelga con el derecho que le asiste a todas las personas a la movilidad en la jornada de huelga", ha indicado Pastor.

En el caso de los trenes de cercanías se han fijado unos servicios del 30% de un día normal, que llegarán al 35% entre las 06:00 y las 09:00 (frente al 25% y 30% de 2010), mientras que para el tráfico aéreo los porcentajes son iguales pero se establecen no sólo por trayecto sino también por compañía. Respecto al tráfico aéreo, operará el 10% de los vuelos peninsulares, el 50% de los interinsulares y de los que enlazan la península con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, el 20% de los vuelos con destinos del Espacio Económico Europeo y el 40% del resto de trayectos internacionales. En el caso del transporte por autobús, garantizarán el 25% en las concesiones de transporte regular del Ministerio de Fomento. Para el transporte marítimo, entre el 50% y el 100% según itinerarios entre la península y Baleares, el 100% de los trayectos con Canarias y Melilla, y el 50% de los que unen la península con Ceuta.

Al respecto, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, ha pedido a las comunidades gobernadas por el PP que tomen nota del acuerdo con Fomento. Mientras, representantes del mundo de la cultura, la educación y el espectáculo han realizado en Madrid un acto de respaldo al paro de 24 horas del próximo jueves. Al acto han asistido los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, quienes han llamado a secundar la huelga para defender el modelo de convivencia y el estado de derecho.

Para Toxo la protesta es el "inicio de un largo camino para defender el modelo de convivencia imperfecto" que quieren destruir y que ha costado mucho conseguir a millones de ciudadanos. Méndez ha advertido de que la reforma laboral supone la "demolición del estado de derecho". Entretanto, CCOO y UGT de Andalucía estudian llevar la semana que viene al fiscal a cientos de empresas que, según han denunciado, han amenazado a sus trabajadores si la secundan. Además, tienen previsto enviar a estas empresas representantes sindicales y piquetes informativos para que esos trabajadores tengan el "mayor respaldo posible". La polémica con la patronal también se ha dado en Avila, donde UGT ha asegurado que el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, quien ha afirmado que los empresarios serán "activos para que la huelga no tenga éxito", es "lo más parecido a un piquete empresarial que se ha escuchado en mucho tiempo".

En otra comunidad autónoma gobernada por el PP, Galicia, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ha dicho que los servicios mínimos decretados respetan la legalidad "al máximo", si bien ha precisado que si los tribunales dictaminan que hay que hacer ajustes se harán "sin ningún problema". La falta de acuerdo también se ha dado en el País Vasco, donde los sindicatos nacionalistas ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK han anunciado que recurrirán la orden del Gobierno Vasco sobre servicios mínimos porque "persigue desactivar la huelga".

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