Tribuna Económica

joaquín aurioles

Financiación autonómica y pasividad intelectual

Limitar el problema de la dificultad de un marco estable de financiación de las autonomías a la existencia de dos modelos enfrentados en torno al alcance, no tanto de la solidaridad como de la equidad, sería simplificarlo en exceso. No se puede ignorar el fracaso del "estado de las autonomías" en la corrección de los desequilibrios regionales, pero tampoco la acumulación de perversiones en los sucesivos acuerdos, como consecuencia de la incorporación de cláusulas, la mayoría proveniente de Cataluña, que han socavado sistemáticamente los pilares del sistema.

Algunas de las iniciales permitieron introducir mejoras (corresponsabilidad fiscal), pero otras vinieron cargadas de cierta vileza. Como un peculiar concepto de esfuerzo fiscal, que básicamente se confundía con la aportación al global de la recaudación tributaria, o la cesión a las autonomías del 50% de la recaudación del IRPF y el IVA y un sorprendente 57% de algunos Impuestos Especiales. Nadie conseguía explicar la razón de tan extraño porcentaje, que surgió del pacto entre Zapatero y Más, por entonces en la oposición, para sacar adelante un nuevo acuerdo de financiación autonómica y desbloquear la reforma del Estatuto catalán. Por entonces, la gestión del bilateralismo por parte del nacionalismo catalán daba sus frutos financieros, con la cómplice colaboración de la Junta de Andalucía. Primero iban los catalanes con sus demandas y al poco tiempo el presidente de la Junta, por entonces Chaves, se presentaba en La Moncloa para anunciar que Andalucía conseguía lo mismo que los catalanes. El resto de las autonomías no tardaba en repetir la escenificación del presidente andaluz.

Una de las últimas aportaciones catalanas, con el apoyo de la mayoría de las comunidades contribuyentes a la solidaridad, es el principio de ordinalidad. Quien pague más impuestos por habitante, también debe recibir del sistema un mayor volumen de recursos por habitante. Como antecedente se puede acudir a Jordi Pujol, cuando defendía que Cataluña debe priorizar la calidad de su sistema universitario frente a la solidaridad interregional, que puede interpretarse (perdón por la demagogia) como que las comunidades ricas deben recibir más dinero porque los ricos lo necesitan más que los pobres. Obviamente un argumento discutible que las comunidades con sistemas universitarios deficientes cuestionan, no tanto con reivindicaciones de solidaridad, como de igualdad de oportunidades.

No es fácil encontrar justificación ética a la ordinalidad, pero los expertos en las comunidades beneficiadas han conseguido hacerse oír en sus argumentos sobre los incentivos a la administración fiscal eficiente, sin respuesta adecuada, por el momento, en el resto. Da la impresión de que falta compromiso intelectual en comunidades como la andaluza, donde la marginación de la sociedad civil podría ser el resultado de más de tres décadas continuadas de una misma élite gobernante. En cualquier caso, pasividad intelectual en Andalucía frente a energía creativa en Cataluña que me animará la próxima semana, en esta misma tribuna, a plantear un par de alternativas al principio de ordinalidad.

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