Misnistro de trabajo

Corbacho anuncia que 5.000 parados se han beneficiado ya de la ayuda de 420 euros

  • Pide "coherencia" al PP y se muestra contrario a tramitar la ayuda como proyecto de Ley para no demorar sus efectos.

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El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SPEE) han reconocido, a 26 de agosto, la percepción de la ayuda de 420 euros a más de 5.000 solicitantes. Contestando a los comentarios del PP que dicen que la ayuda es baja, responde que ellos han de ser "coherentes", y se muestra contrario a tramitar la ayuda como proyecto de Ley ya que supondría varios meses de tramitación.

SPEE ha reconocido la percepción de la ayuda de 420 euros a más de 5.000 solicitantes parados de un total de 340.000 potenciales beneficiarios, que comenzarán a cobrarla en septiembre.

En el transcurso de su intervención en la Comisión de Trabajo del Congreso, el ministro Corbacho explicó que, si bien es cierto que "la medida puede que tenga que ser ampliada", también lo es que "el presupuesto del Gobierno tiene sus propias limitaciones" por lo que la ayuda está supeditada a las 'exigencias' de la crisis, y, además, desde un sentido práctico debe realizarse algún recorte que el Gobierno hizo (al fijar el 1 de agosto) con "la mejor de las intenciones".

Desde la puesta en marcha de la medida el pasado 17 de agosto, se ha enviado información a 85.000 personas que agotan su prestación entre el 1 de agosto y el 4 de septiembre, a través de cartas y mensajes a móviles. Aunque la decisión "mete presión al INEM" éste está pudiendo atender a los requerimientos del funcionamiento de la ayuda.

Pese a ello, el ministro se mostró en contra de abordar la reforma del INEM en función de esta contribución, porque supondría una demora en los cobros de hasta "tres años".

Asimismo, indicó que las competencias el Gobierno acaban cuando los ciudadanos agotan el subsidio por desempleo y que, a partir de ahí, "se entra en competencias directas y exclusivas de las comunidades autónomas", que son las que gestionan las rentas de inserción social y las rentas básicas.

En este sentido, explicó que "no se ha impuesto a las comunidades autónomas más obligaciones que las que tienen" de intermediación e inserción, a lo que añadió de que "el Gobierno es consciente de que esta nueva situación genera mayor trabajo para los servicios públicos, y que si se quiere cumplir con los objetivos (de la ayuda) hay que hacer uso del esfuerzo que vienen haciendo las comunidades autónomas".

Con todo, el titular de Trabajo no descartó un adelanto del fondo social europeo para dos ejercicios que permitiría a las comunidades autónomas un monto económico "importante".

En este punto, Corbacho replicó a los diputados del PP, que le habían echado en cara que la ayuda es insuficiente, y les aseguró que la amparo que se plantea es superior a rentas de inserción vigentes en algunas comunidades autónomas gobernadas por los 'populares'.

"Me sorprende que el PP se raje las vestiduras diciendo que la ayuda es baja", expresó antes de instar a los 'populares' a que sean "coherentes" y "hagan lo que dicen aquí". "Si consideran que es poco digan a sus compañeros de gobierno que aumenten las rentas de inserción", apostilló.

En último término, Corbacho mostró su "firme y clara voluntad" de alcanzar un consenso en el Congreso, con la vista puesta en su convalidación en la Cámara Baja la próxima semana. "Al Gobierno le gustaría alcanzar el mayor consenso posible y quien esté en contra tendrá que explicárselo a más de 300.000 personas", añadió.

El ministro dejó claro también que el Gobierno someterá a convalidación "el real decreto del 13 de agosto" y que, "aunque es probable que los grupos aporten algunas enmiendas", su voluntad es que "no se tramite como proyecto de ley porque supondría estar tres o cuatro meses de tramitación" en una situación en la que "la rapidez es muy importante, ya que hay muchas personas pendientes".

Por su parte, los grupos de la oposición desplegaron críticas de todos los tipos a la hora de valorar la medida. Desde el PP, el secretario de Economía y Empleo, Álvaro Nadal, pidió una reforma laboral antes de adoptar este tipo de medidas, mientras que el portavoz de Trabajo de los 'populares', José Ignacio Echániz, aseguró que este 'cheque-parado' es "el mayor escándalo" de entre las medidas del Gobierno.

Asimismo, tras tildar los 420 euros de "ocurrencia de una noche de verano", arremetió contra la posibilidad de que el Gobierno suba impuestos para poder financiar políticas sociales o, según dijo Echániz, para "pagar la orgía de medidas inútiles".

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, consideró que la medida "será ineficaz" porque "difícilmente" podrá ser gestionada por las comunidades autónomas, a menos que se realice una "reforma a fondo del INEM". Asimismo, apostó por medidas de choque para crear empleo como la reducción de las cotizaciones, con carácter temporal, para las pymes.

Mientras, el portavoz de ERC, Joan Tardá, aseguró que se opondrá a la medida, si ésta no se aplica desde el 1 de enero, mientras que el diputado de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que la ayuda está "mal hecha". El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, fue más allá y expresando que el decreto ley "nació herido de muerte" y "no es suficiente".

Celestino Corbacho valoró, además, la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para completar la ayuda de 420 euros, aunque consideró que "sería complejo de llevarla a término desde el punto de vista jurídico".

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, mostró su intención de completar la ayuda a parados sin prestaciones ni ingresos con 200 euros del presupuesto autonómico para generar un salario cercano al mínimo interprofesional vinculado al desempeño de un trabajo social por parte del beneficiario que, además, seguiría cotizando a la Seguridad Social. A esto, el ministro respondió que la propuesta "lleva buena intención" y que el Gobierno "lo va a estudiar, pero en el marco bilateral con las comunidades autónomas".

Por su parte, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, indicó que la proposición de la FEMP se refiere al ámbito de los convenios de trabajo social que "existen hace 30 años" incluidos en la Ley de la Seguridad Social por lo que la propuesta no es nueva. Con todo, precisó que la propuesta es "interesante" y confió en que estos acuerdos "se amplíen" si "no sustituyen a nada".

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