El debate sobre el futuro de las pensiones regresó ayer la Congreso con la comparecencia de la patronal de las pymes y del sindicato CCOO, que ofrecieron sus propuestas para el sostenimiento del sistema.

La directora de relaciones laborales de Cepyme, Teresa Díaz de Terán, pidió ayer que se adelante en el tiempo la implantación total de la reforma de las pensiones de 2011, que suponía ampliar la edad de jubilación progresivamente de forma que llegará a los 67 años en 2027.

Durante su intervención ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Díaz de Terán propuso profundizar en dicha reforma, que, a su juicio, tiene un periodo de implantación amplio, así como evaluar el impacto económico que tendría acortar dicho periodo de tiempo.

La reforma de 2011 ampliaba desde los 35 hasta los 38 años y 6 meses los años de cotización necesarios para acceder a la jubilación a los 65 años y lo hacía de manera progresiva (3 meses por año), así como el paso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años desde 2013 hasta 2027 (1 mes por año hasta 2018 y 2 meses en adelante). Asimismo, establecía una ampliación del cómputo para calcular la base reguladora de la pensión, de 15 a 25 años (a 1 año más desde 2013 a 2022), si bien Díaz de Terán indicó que lo deseable sería que se tuviese en cuenta toda la vida laboral.

Por otro lado, Díaz de Terán ha propuesto separar las bases de cotización, de manera que la Seguridad Social deje de financiar las tarifas planas y las reducciones de cuotas sociales, así como las de los regímenes especiales agrario y de empleadas del hogar.

Ha apostado también por la revisión de algunas prestaciones, cuya financiación ha de pasar al Estado, como las pensiones de viudedad, así como el complemento a la natalidad de las pensiones de jubilación incluido dentro de un plan integral a la familia, que "ha sido sufragado con cotizaciones sociales".

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, por su parte, afirmío que el sistema de pensiones no está en riesgo, "lo que está en riesgo es la calidad de las prestaciones". El sindicalista pidió que se huya de "catastrofismos" y se actúe con medidas en el corto, medio y largo plazo para que el sistema pueda seguir funcionando de forma adecuada, y ha abogado por financiar vía presupuestos las pensiones de viudedad y orfandad y subir dos puntos la cotización.

Sobre esta propuesta, Fernández Toxo ha reconocido que se trata de una especie de "operación acordeón" y que lo que antes se hizo de reducción, ahora se plantea en forma de incremento para estabilizar las cuentas de la Seguridad Social.

El incremento de dos puntos de cotización supondría, dijo, 7.000 millones de euros, mientras que repercutir las pensiones de muerte y supervivencia al Presupuesto podría traer al sistema unos 19.000 millones de euros. También propuso destopar las bases máximas de cotización -aunque precisó que al aumentarse también la pensión máxima esta medida supondría un gasto futuro cuando las personas que aumentaran su aportación también recibieran prestaciones mayores-, lo que supondría, calculó, 7.752 millones de euros.