Pablo Comas tendrá que hacer frente a una fianza de 500.000 euros o bien atenerse al embargo de la parte proporcional de sus acciones en el Recre hasta cubrir esa cantidad. El Trust de Aficionados del Recreativo comunicó ayer, a través de la redes sociales,  la notificación recibida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva que lleva el caso de la querella presentada por el colectivo albiazul.

La celeridad con la que ha actuado en este caso la Justicia ha permitido que en un plazo de apenas una semana la denuncia presentada por el Trust de Aficionados del Recreativo fuese admitida a trámite y el próximo jueves tenga que comparecer Comas a atender al requerimiento y responder a la instrucción de la querella al apreciar el magistrado indicios de delito. Una vez proceda la comparecencia el juez tendrá que notificarle las condiciones y los detalles correspondientes a la querella así como los plazos para hacer frente al pago de la fianza. Tras su comparecencia y si el magistrado da curso a las medidas cautelares tendrá que abonar esas cantidades o bien se le embargará acciones en el Recreativo de Huelva por la cuantía correspondiente. Fuentes consultadas calculan que los 500.000 euros equivaldrían a alrededor del 3,5% del accionariado albiazul ya que su capital social aproximado ronda los 14 millones de euros. La comparecencia de Pablo Comas podrá ser presencial o bien a través de sus representantes legales o incluso por videoconferencia, según fuentes jurídicas consultadas.

La querella presentada por el Trust de Aficionados del Recreativo contra Pablo Comas y Gildoy España y en su caso Poientose denuncia la presunta comisión de delitos de administración desleal, asistencia financiera, apropiación indebida y falsedad documental por su gestión al frente del Decano.

En la denuncia, se insta al juez a investigar la presunta pignoración de "bienes o activos del Recreativo como garantía real inmobiliaria al solicitar al Banco Espíritu Santo la concesión de un préstamo dinerario a su favor". En respuesta a ello ya recibió, según fuentes de la instrucción, la documentación solicitada a la entidad financiera para su estudio. 

También solicitaba información al Villarreal por la operación de Marco Ruben, por la que el club ingresó 250.000 euros en lugar de los 800.000 a los presuntamente tenía derecho por el 10% de su traspaso al Dinamo de Kiev por 8 millones de euros, y al Zaragoza por la de Javi Álamo, así como a la LFP de los movimientos y traspasos realizados por la entidad recreativistas durante los ejercicios 2012/13 y 2014. En el escrito de la querella se hace referencia igualmente a que "vino a destruir el club de fútbol y optimizar sus beneficios con el dinero que la entidad podía obtener y en otros casos empleando argucias, engaños y falseando las cuentas como acreditado en los documentos de auditorías de los ejercicios 2012/2013 y 2013/2015". También alertaba del coste de 400.000 euros por el proyecto de realización de una nueva ciudad deportiva en el Tiro Pichón. Por todo ello, fue admitida a trámite la "querella criminal por la presunta comisión de los delitos administración desleal, falsedad, apropiación indebida y cualquier otro tipo delictivo que pueda aparecer de la investigación realizada".

Además de la imposición de la fianza por su presunta responsabilidad civil, la querella del Trust pedía el nombramiento de un administrador judicial "de forma cautelar y mientras se instruye la presente causa, teniendo como finalidad el preservar la Sociedad Anónima Deportiva y proteger cualquier medio de prueba, así como la integridad de la referida entidad".