Jueves Santo Horarios, itinerarios y recorridos del Jueves Santo y Madrugada en la Semana Santa de Cádiz 2024

Hace muchos años, la ley que castigaba el enchufismo en la Administración apenas suponía una amenaza para los políticos, que colocaban a sus afines sin pudor ante la indiferencia generalizada. Pocas veces se aplicaban las leyes, entre otras razones, porque nadie denunciaba. Los legisladores endurecieron las penas, pero en este país la Ley se veía como el perro que ladra y nunca llega a morder. Quien no le pedía un favor al político de turno, que a su vez tejía su red clientelar, estaba a punto. La administración se empachó de enchufados que entraron por el tejado gracias a contratos de alta dirección, de obras y servicios y lo que usted quiera. Cuanto más severas eran las penas de cárcel, menos se cumplían las leyes.

Se abusó del dedazo hasta que estalló la crisis y con ella la indignación. Entonces lo que parecía tan normal, colocar a un amigo en la Administración, empezó a perseguirse con más dureza. La ciudadanía exigió mano dura y los partidos comenzaron a cruzarse denuncias ante los tribunales. Algunos jueces que antaño no se tomaban en serio ni a los políticos que se acusaban de corruptos y mafiosos, empezaron a firmar sentencias ejemplarizantes a rebufo de una fiscalía anticorrupción de nuevo cuño e implacable. La doctrina más o menos flexible y maleable se esfumó y se empezó a juzgar una época de vino y rosas con el celo y la exigencia de un nuevo tiempo. En lo más crudo de la crisis, esta provincia fue testigo de las condenas más severas. El problema no eran las leyes, obviamente, lo grave era no cumplirlas: lo mismo a la hora de enchufar a un amiguete del partido que al permutar terrenos que al arreglar una plaza.

Las cosas siguen más o menos igual, qué duda cabe. Pero mientras que la mayoría de imputados por los escándalos de corrupción que salpican a medio país continúan en la calle, en Cádiz se ha exhibido bastante más rigor punitivo. Hasta hoy ha sido así, aunque algo pudiera estar cambiando. Vaya por delante que todas las sentencias que han salido de la Audiencia Provincial no sólo son irreprochables desde el punto de vista jurídico, sino que han sido ratificadas por el Supremo. Pero parece que una honda reflexión flota en el ambiente. Esta semana, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que pueda hablarse de corrupción en que el caso horas extras, por el que fueron condenados seis funcionarios de Rota junto a la ex alcaldesa popular Eva Corrales a ir a la cárcel. También ha dicho que el indulto parcial de los primeros contaba con todos los informes favorables. A la vez, el TSJA ha absuelto al ex consejero de Cultura Luciano Alonso de un delito de prevaricación tras nombrar a tres cargos directivos, entre ellos el ex director del Centro Andaluz de Flamenco, que jamás pisó dicha sede. Conste que el indulto ha de ser concedido como excepción, pero el caso de Rota ha puesto a todos los partidos de acuerdo en que la Justicia, además de ciega, puede mostrarse sensible. Lo más importante en cualquier caso es que se administre a todos por igual desde la independencia. Si unos tribunales aplican las penas máximas y otros -por ejemplo, en el caso Nóos- mantienen la templanza alejados de sentencias ejemplarizantes, la comparación es inevitable y el ciudadano acaba por no entender nada.

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