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Greenpeace detalla ante la CE la mala gestión de residuos en Nerva

  • La organización ecologista envía a la Comisión nuevas evidencias de que los vertidos tóxicos italianos no han recibido el tratamiento que marca la ley · La documentación ha sido cuestionada por la gestora de la planta

La organización ecologista internacional Greenpeace ha remitido un amplio dossier informativo con imágenes fotográficas, datos y un vídeo a la Comisión Europea que detalla y demuestra, a su juicio, que "el tratamiento que han recibido, al menos en parte, los residuos peligrosos italianos llegados al vertedero de Nerva no han seguido la legislación vigente y se han vertido sin recibir el tratamiento que Befesa y la Junta de Andalucía aseguraban que habían recibido, lo que podría constituir un grave incumplimiento de la normativa europea".

Según los ecologistas, que también han llevado el caso hasta la Fiscalía de Milán (al igual que ha hecho Izquierda Unida en Huelva), "el pasado 1 de marzo (Greenpeace) documentó cómo varios camiones con residuos italianos entraban en las instalaciones de Befesa en Zarandas y depositaban su carga directamente en una zona destinada a elementos no peligrosos, aunque la información aportada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía corrobora que esos residuos (bajo la autorización nº IT13588) estaban en realidad catalogados como peligrosos, por lo que deberían haber recibido un tratamiento físico-químico previo antes de ser llevados al vertedero".

Sin embargo, fuentes de la empresa gestora de la planta aseguraron ayer a esta Redacción que las fotos distribuidas por Greenpeace no se corresponden con la realidad. Subrayan que entre el primer camión y la descarga del segundo transcurren once minutos, un margen durante el cual se ha llevado la carga al lugar correcto, la zona de tratamiento de residuos peligrosos.

Greenpeace y Ecologistas en Acción aseguran que han observado cómo durante semanas, en las que según la Junta estaban entrando residuos peligrosos, decenas de camiones realizaban la misma operación.

"Insistimos. Si la Junta de Andalucía tiene entre sus planes proteger el medio ambiente y la salud pública, tiene que retirar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a Befesa y llevar a cabo un cierre cautelar de las instalaciones hasta que se determine si este comportamiento es, como parece, el habitual", según declaró Sara del Río, responsable de la Campaña de Contaminación de Greenpeace. "Otra regañina del consejero (José Juan Díaz Trillo) a la empresa no parece el método más efectivo de abordar un asunto tan grave", aseguró. Se refería Del Río a las palabras de Trillo cuando dijo que "se nos ha acabado la paciencia con Befesa".

Greenpeace recuerda que el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha minimizado en reiteradas ocasiones la irregular actitud de la empresa. "Y eso que en los últimos meses se ha tenido que enfrentar a varios incidentes, incluso judiciales, relacionados con la empresa en sus instalaciones de Palos de la Frontera y Nerva", subrayó Sara del Río.

Los residuos italianos provienen de la descontaminación de suelos de una antigua zona industrial en Pioltello-Rodano, cerca de Milán y fueron traídos a Nerva después de que el Gobierno italiano recibiera un ultimátum para que afrontara urgentemente la limpieza del área contaminada, que fue exigida por el Tribunal Europeo de Justicia en 2004.

La Junta de Andalucía autorizó este traslado bajo el argumento de que Italia carece de suficiente capacidad de tratamiento para este tipo de residuos peligrosos. "Sin embargo, podría ser que la única consecuencia de este traslado haya sido cambiar la contaminación de lugar", dice Greenpeace.

Mientras, Ecologistas en Acción ha mostrado su preocupación por la alta toxicidad que tienen los residuos que llegan de Italia, con grandes concentraciones de mercurio. El portavoz de esta agrupación recordó que han pedido al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que intervenga ante la alarma social que se ha instaurado en la localidad minera desde que se conoció la autorización dada por la Junta a la llegada de hasta 80.000 toneladas de residuos tóxicos.

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