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La trama tejida presuntamente por cuatro agentes de Medio Ambiente en la comarca del Condado, en el cinturón del espacio protegido de Doñana, para sacar beneficios económicos y en especies supuestamente de empresarios agrícolas de la zona a cambio de mirar para otro lado ante construcciones ilegales, vertidos o cambios de uso del suelo, se enfrenta a 27 años de prisión.

Casi tres años después de que el escándalo de los supuestos sobornos salpicara a la Administración ambiental andaluza, con la detención de varios funcionarios, el caso se encuentra a las puertas de juicio, con las acusaciones cerradas y pendiente de que se ponga fecha a la vista. Para los cuatro agentes de Medio Ambiente inculpados, la Fiscalía solicita tres años de prisión para cada uno de ellos (R.P.P., A.S.M., J.R.R. y D.R.H.), por un delito de cohecho, con la accesoria de inhabilitación durante la condena, así como diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de otro año de inhabilitación como presuntos autores de un delito continuado del deber de perseguir y denunciar delitos. Además, según el escrito de acusación del Ministerio Público al que ha tenido acceso este diario, les acusa de otro delito de cohecho continuado, por el que solicita la pena de cinco meses de multa (ocho euros de cuota por día).

En cuanto a la participación directa de propietarios o responsables de fincas de la zona, el fiscal formula acusación contra siete de estos empresarios por un delito de cohecho, para los que solicita también una penda de tres años de cárcel para cada uno, con la accesoria de inhabilitación por el mismo tiempo en el supuesto de que sean condenados.

Los agentes recibieron el encargo expreso de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de vigilar los límites y extensiones de las fincas de la zona para constatar que se estaba respetando el contenido del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana aprobado en 2003 (Potad). Incluso se les transmitió información transmitida por el Ayuntamiento de Moguer para que la cotejaran con la que manejaba la Junta y se asignó una zona a cada uno, con fichas de cada finca para verificar si habían aumentado o no la superficie de cultivo o habían ocupado monte público.

Entre 2005 y 2007, afirma el fiscal, tras varias rondas de contactos y reuniones previas, los acusados solicitaron y recibieron ofrecimientos de varios dueños de fincas y de ciertas empresas para que no denunciaran los distintos cambios de uso, vertidos o construcciones que realizaban en sus terrenos.

El supuesto cabecilla de la trama, que coordinaba al personal en la comarca, intentaba que aquellos agentes que no tenía bajo su control no tuvieran acceso a la inspección de las fincas que presuntamente tenía la red en su cartera y llegó a dar la orden de que a partir de determinada hora no hubiera ningún funcionario trabajando para tener así el campo libre.

Según mantiene la acusación pública, los funcionarios acusados llegaron a recibir dinero, regalos y "atenciones varias" tanto de propietarios de fincas (se citan hasta cinco explotaciones de la comarca) como de empresas para que los agentes no denunciaran, además de ofrecer a los empresarios "asesoramiento puntual para evitar sanciones e impedir que su actuación contraria a la legalidad fuera detectada y sancionada". El escándalo se destapó en 2008 pero antes de que saliera a la luz, compañeros y subordinados de los imputados estuvieron dando la voz de alerta a instancias superiores desde 2005. Las denuncias se sucedieron hasta que llegaron a manos del juzgado.