Al menos tres de los agentes acusados, según los informes que constan en las actuaciones, tuvieron supuestamente concesiones de los propietarios de las fincas agrícolas -que también implicados en la trama- en las que vivían sus parejas, donde contaban con habitaciones individuales y sin restricción alguna de tiempo para las visitas que "sólo se explican por la condición profesional de los agentes y el deseo de los dueños de tenerlos contentos para no ser denunciados".

En un escrito dirigido a finales de 2005 al coordinador Provincial de Agentes de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, se denunció el uso indebido de la casa forestal de Las Peñuelas, ubicada en la zona de montes del término de Moguer, como lugar de encuentros sexuales por parte de agentes, además de la relación que estos mismos agentes mantienen con trabajadoras extranjeras de fincas del entorno.

Este escrito que presentó otro integrante del cuerpo de agentes, señala concretamente que al llegar a la referida casa forestal para realizar unos informes se encontró "con los restos de algún escarceo amoroso que habría tenido lugar en algunas de las habitaciones interiores de la casa", (como preservativos, tabaco y algodones).

El denunciante indicaba en su escrito que se trataba de la segunda vez que se repetía ese escenario en un periodo relativamente corto en el tiempo y ponía en conocimiento de los máximos responsables del cuerpo de agentes los paseos y transportes de temporeras a bordo de vehículos oficiales y las visitas continuadas de funcionarios públicos a fincas agrícolas.

En otra de las denuncias, se señala que algunos de los funcionarios a los que se acusa de formar parte de la trama llegaron a invitar a los policías que realizaron investigaciones a que le acompañaran a la finca para presentarles a unas amigas. Uno de los empresarios a los que los agentes imputados hacían presuntamente la vista gorda antes las supuestas ilegalidades mostró una lista "de agentes en nómina" a otro integrante del mismo cuerpo al que conocía, según otra de las denuncias que manejaron los investigadores durante la instrucción de la causa. Este hombre fue al que, por equivocación, el empresario le llegó a entregar dos sobres con dinero que eran, sin embargo, para el supuesto cabecilla de la red y otro de los agentes acusados.

Ya en sus primeros, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Moguer detallaba la retahíla de presuntos hechos delictivos recogidos por la Dirección de Política Interior de la Junta en su informe, en el que destaca la denuncia contra cuanto agentes por intentar favorecer una empresa en la permuta de terreno de monte público por propiedad, "falseando informes acerca de la finca" y sin autorización, así como la entrega de 12.000 euros por parte de un hermano del empresario para que los técnicos de Medio Ambiente "trabajen concienzudamente en la concesión de dicha permuta".