El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves; el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, y sus subalternos han convertido el expediente de regulación de empleo de Minas de Río Tinto en una especie de línea medular de su particular rifi-rafe político. Lo extraño del asunto es que los actores que intervinieron de una u otra forma no sólo en el ERE sino en la búsqueda de una solución a la crisis minera global que sufría hace una década la Faja Pirítica Ibérica ahora parece que se avergüenzan de ello o, peor aún, tratan de criminalizar aquellas decisiones.

El llamado ERE de Riotinto no es más que un ejemplo de lo que se hizo en la mayor parte de las minas de cobre andaluzas entre 2002 y 2003, desde Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, pasando por Almagrera-Sotiel y Minas de Tharsis-Filón Sur, entre otras explotaciones. Todas las cortas se fueron a pique una a una tras el desplome del precio del metal, que llegó a cotizar a 1.300 dólares la tonelada cuando el margen de rentabilidad se había fijado en la frontera de los 1.800. Ahora cotiza a 9.500.

La debacle minera pilló en el Gobierno central al Partido Popular de Javier Arenas, Eduardo Zaplana y Juan Ignacio Zoido. El mismo partido que representaban en Huelva Carmelo Sanmartín y hasta el mismísimo alcalde, Pedro Rodríguez, que también se implicó en las negociaciones cuando los mineros de Riotinto acamparon en la avenida de Andalucía.

Pero también ocupó la agenda de Manuel Chaves y Griñán en la Junta y la de sus portavoces en Huelva: Manuel Alfonso Jiménez y Javier Barrero. Todos se subieron al carro del acuerdo de un plan que no fue precisamente barato, sino que costó nada menos que 30.000 millones de las antiguas pesetas, o lo que es lo mismo, 180 millones de euros que fueron puestos a disposición de la causa en distintos plazos y fórmulas por las administraciones públicas para beneficiar a cerca de 1.500 mineros. Tras las prejubilaciones, prácticamente todas las minas onubenses cerraron y sólo se quedó abierta la explotación de hierro de Cala.

El sindicalista de Comisiones Obreras Ricardo Gallego, uno de los observadores principales de aquellas negociaciones, asegura hoy que "han convertido todos aquellos acuerdos sobre la minería en campo de batalla política" sin pararse a pensar que se trató de un pacto social ultimado en muchas negociaciones en las que participaron ambas administraciones. "Todos los beneficiados de aquellos acuerdos fueron mineros y en las listas se respetó la normativa vigente", dijo ayer Ricardo Gallego, que lleva desde 2001 fuera del mercado de trabajo.

El primer documento base fue firmado en septiembre de 2002. UGT, CCOO, Gobierno central (PP) y Junta (PSOE) dieron el visto bueno a un texto que ya contemplaba ayudas para 1.200 mineros de la provincia de Huelva afectados por el cierre en cadena de sus empresas. Estamparon su rúbrica el delegado del Gobierno, Carmelo Sanmartín; el delegado de Empleo andaluz, Manuel Alfonso Jiménez; el secretario general de la UGT, José Martín; el de la FIA, Luciano Gómez; el secretario general de Comisiones Obreras, José Delgado; y el responsable de minería, Ricardo Gallego. No estaban solos. En el momento de la firma también estaban presentes el alcalde de Huelva y parlamentario popular, Pedro Rodríguez; la diputada nacional, Fátima Báñez; el alcalde de El Campillo, Fernando Pineda, y el director provincial del Instituto Nacional de Empleo, Fernando Melgar, y una cohorte de cargos técnicos de Gobierno y Junta.