El documento que ahora destrozan y cuestionan PSOE y PP contempló la aplicación de prejubilaciones por parte del Gobierno de Aznar para los mineros incluidos en los expedientes de regulación de empleo por extinciones de contrato y ayudas extraordinarias correspondientes a las prestaciones por desempleo para quienes no puedan acogerse a al plan. Las administraciones central y autonómica cofinanciaron el coste de las prejubilaciones para la Faja Pirítica, según el protocolo general de colaboración firmado entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta y el Gobierno de la nación. La Junta asumió además un plan de formación para facilitar el acceso de los mineros a otros puestos de trabajo, un plan de recolocaciones y otro de restauración ambiental.

Las partes firmantes presumieron de que, "aunque el marco plantea soluciones globales, se estudia caso por caso, con nombres y apellidos cuál es la circunstancia personal de cada uno de los mineros, el tiempo que lleva cotizado y los coeficientes aplicados". Las prejubilaciones de los mineros se marcaron a los 55 años compensados a finales de 2003. Hasta se puso un ejemplo tipo: Una persona de 50 años que haya trabajado 20 con un coeficiente de 0,5 compensó diez años, que se suma a la edad biológica y ofrecen una edad química de 60 años.