Ha sido arduo pero la presencia de los chiringuitos oteando el frente del litoral continuará siendo una estampa típica de Matalascañas. En primera instancia, el Tucán y Paco Triana son dos de los establecimientos hosteleros que ya gozan de esta concesión administrativa en una costa que contaba con 23 concesiones, lo que representaba el 60% de los chiringuitos que abren en verano en la provincia de Huelva.

Casi por unanimidad, (tan sólo se registró una abstención por parte de los concejales independientes), los ediles de la cámara capitular almonteña respaldaron sin fisuras las condiciones y prescripciones plasmadas en la resolución de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del 12 de abril de 2010 que regula la concesión de ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre.

La medida entraña dotar a las corporaciones locales de las competencias necesarias para regular esta actividad, atendiendo a unos estrictos criterios que garanticen la preservación del medio ambiente, a la par que el baño para los usuarios de la costa. Con esta aprobación se culmina todo un proceso burocrático que comenzó hace dos años, tras conocerse la polémica ley de costas que, a priori, pretendía 'limpiar' de establecimientos toda la lengua de arena del litoral español.

Una vez superados los temores iniciales ante la posibilidad de ver desmantelado un servicio muy demandado por los turistas, será incluso beneficiosa. En concreto, permitirá a los hosteleros mejorar sus infraestructuras ante la certeza de que podrán hacer uso de dicho emplazamiento durante 15 años, lo que brinda seguridad jurídica e incluso les permitirá abrir a lo largo de todo el año, lo que reforzará la creación de nuevos empleos a la par que no existirán excusas para que no se reduzca la temporalidad de los contratos que se suscriben para ocupar estos puestos. La cruz de esta ley estatal será la necesidad de trasladar la mayor parte de estas instalaciones con objeto de homogenizar la distancia entre ellas.

Para lograr que arriben a buen puerto las resoluciones que afectan al resto de chiringuitos que salpican el litoral, el alcalde, Francisco Bella y el concejal de Turismo, Domingo Núñez, han anunciado que acudirán el próximo lunes a la capital de España.

Más controversia suscita la ordenanza reguladora de la calificación de viviendas de protección oficial, que se suma a los preceptos y articulados autonómicos que permiten delegar dicha autoridad en las entidades locales.

Fernando Bejerano de IU mostró en el Pleno sus discrepancias no por el espíritu de ley, que dijo comulgar con los preceptos defendidos por su formación política a la hora de brindar mayores competencias a las corporaciones locales siempre y cuando vengan respaldadas de la pertinente dotación presupuestaria. El edil mostró abiertamente sus discrepancias con el corpus de la norma y por el hecho de que "mediante el silencio administrativo se pueda lograr la adjudicación provisional y, a su misma vez, rechazarse la concesión definitiva, precisamente en virtud de esta misma falta de respuesta". Bejerano tachó de incongruencia este punto y más aun los gastos que podría ocasionar a los promotores. Para finiquitar su intervención señaló que "no me fío del equipo de Gobierno para desarrollar esta política" que deja muy en el aire los criterios a seguir.

La réplica de la portavoz socialista, Vanesa Díaz, no se hizo esperar y lamentó que IU no crea en las instituciones o en los partidos en los que los ciudadanos han depositado su confianza, a la vez que recordó que los socialistas con su gestión favorecerán el acceso a la vivienda con criterios de "justicia y equidad".