De nada han servido las advertencias de la Junta de Andalucía de recurrir el deslinde de 34,7 kilómetros del litoral del Parque Nacional de Doñana. El Gobierno consumó el golpe de mano en la Reserva de la Biosfera a través de la Ley de Costas y publicó ayer en el BOE una expropiación que pone patas arriba el equilibrio en el Espacio Natural. La expropiación, que comprende desde Matalascañas hasta Sanlúcar de Barrameda más 4,5 kilómetros tierra adentro, se hace sin informar siquiera al Consejo de Participación de Doñana, un órgano primordial formado por más de una decena de municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz , organizaciones empresariales, ganaderos, agricultores, sindicatos, universidades, el mismo Gobierno, la Junta de Andalucía y que preside en la actualidad el ex presidente del Gobierno, Felipe González.

La decisión de Costas abre en Huelva un melón, el de los deslindes, que tiene varias tajadas en lista de espera: Isla Canela, El Portil y Mazagón-Matalascañas. Qué pasará ahora con los mojones de Costas que en Doñana se impondrán hasta la subida del mar más alta del último temporal. Esa es la cuestión.

En el anuncio publicado ayer en el BOE, se ordena al Servicio de Costas de este departamento en Huelva que "inicie las actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado". El Ministerio otorga un año de plazo para solicitar la correspondiente concesión a aquellos titulares de terrenos incluidos en el dominio público marítimo-terretres, que pudieran acreditar su inclusión en algunos de los supuestos contemplados en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/1988 de Costas. El anuncio establece que, contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo los plazos contando desde el día siguiente a la práctica de la notificación de esta resolución. Del mismo modo, señala que los interesados en el expediente que no sean administraciones publicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La Junta de Andalucía, que detenta las competencias sobre el Parque Nacional de Doñana, ha mostrado sus "discrepancias" con este deslinde y ha apostado por uno alternativo de menor extensión que fija el dominio público marítimo-terrestre en la flecha de Doñana.

Ecologistas en Acción ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía que no recurra el deslinde del Parque Nacional de Doñana a la vez que exige que se revise también el estuario del Guadalquivir, así como que la medida se extienda a los tramos no deslindados de la provincia onubense. Los Verdes también respaldó el deslinde y desde IU aseguran que la medida "enmienda la plana al Gobierno andaluz por su desastrosa gestión".