El actual concesionario del Camping Playa La Bota ha declarado a Huelva Información que no entiende y que es "una incongruencia" que el Ayuntamiento quiera reclasificar, usando el Plan General de Ordenación Urbana, los terrenos sobre los que se asienta la explotación. Carmelo Ferrera, gerente del camping, añadió que "no tiene sentido" que el consistorio, "que pregona el máximo respeto al entorno natural, quiera reclasificar estos terrenos". Más aún, añade, cuando el alcalde Gonzalo Rodríguez es el presidente del Consorcio de Turismo de la Costa Occidental. Estos terrenos, tienen una especial protección medioambiental y un alto valor ecológico y, además, recuerda Ferrera, "forman parte del patrimonio municipal".

Para el responsable de esta empresa, supone "una gran contradicción" que un negocio ya consolidado e integrado perfectamente en el medio natural, se tuviese que desmantelar para construir un nuevo complejo hotelero.

En opinión del Carmelo Ferrera, son ya "demasiadas las plazas hoteleras que se han construido en la localidad en los últimos años que han provocado, incluso, una crisis y disminución de la demanda en los establecimientos tradicionales del pueblo".

Para los empresarios del camping, "lo lógico sería no reclasificar nunca esos terrenos y dejarlos como no urbanizables, permitiendo que la actividad turística que se está desarrollando actualmente pudiera ampliarse y mejorarse logrando así el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, incluso ampliándolos, y la conservación del poco patrimonio municipal que nos queda, para ir en consonancia con el desarrollo sostenible que se pregona desde las administraciones locales y regionales". Así de contundente se mostró el empresario que recuerda que el camping cubre unas necesidades de demanda "en auge" y que si desaparece esta actividad en la localidad "se agravarían aún más los problemas de acampada ilegal que se producen a lo largo de la playa, sin control".

Para Ferrera, la concesión del uso de la parcela del camping no tiene "una fecha exacta" y además no sólo existe posibilidad de ampliar su explotación, sino que "nunca" pensó en dejarla. Si fuese necesario interpondrá "todos los recursos y acciones que la ley le permitiese y estuviesen a su alcance para no perder la actividad".

Esta parcela forma parte del monte público incluido en el Catálogo de utilidad pública llamado campo común de abajo nº 5B y actualmente tiene la clasificación de no urbanizable. Por ello, el empresario cree que es necesaria la previa descatalogación por parte de la administración autonómica. Esta parcela, añade, "ha sido considerada de especial protección por normas de rango superior al PGOU como son los dos Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional llamados Litoral Occidental de Huelva y Aglomeración Urbana de Huelva".

Para el concesionario de la parcela, lo grave es el daño que el Consistorio está haciendo a la empresa, "no entendemos la divulgación y la publicidad gratuita que se está realizando desde el Ayuntamiento sobre la posible construcción de un complejo hotelero en esta parcela; nos está provocando, una vez más, un daño incalculable e irreparable para nuestros intereses".

El camping emplea de forma directa a unas 20 a 25 personas durante todo el año, llegando en temporada alta a las cincuenta, en servicios internos y externos y tiene una media de pernoctaciones de 40.000 personas. De su clientela, un 75% son españoles y un 25% extranjeros. Tiene una capacidad entorno a las 1.200 plazas. El gerente Carmelo Ferrera apuntó que no contempla "bajo ningún concepto dejar la concesión ni la empresa ni los trabajadores ni ninguno de los clientes campistas habituales".

Las actuales instalaciones, según Ferrera, son "fruto del trabajo y la inversión de muchos años, son referencia a nivel regional y provincial, que nos servirían de acicate y motivación para defender, aún más, si cabe, nuestros derechos".