Provincia

El Fiscal pide seis años de cárcel por construir una casa en el parque natural

  • La vivienda de 81 metros cuadrados se encuentra en la finca La Valeria

La Fiscalía de Huelva ha pedido seis años de prisión y el pago de casi 15.000 euros a los acusados de un delito contra la ordenación del territorio, por llevar a cabo presuntamente, en calidad de promotor y constructores, la construcción de una vivienda de 81 metros cuadrados y edificaciones auxiliares en la finca 'La Valeria', ubicada en el término municipal de Los Marines, enclavado dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para la que pide su demolición.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, esta edificación se encuentra situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavado dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por lo que uno de los acusados solicitó en 2006 una licencia municipal para una caseta de aperos de 35 metros cuadrados y tres metros altura, así como una autorización de la dirección del parque dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, concediéndose las autorizaciones en 2007, condicionadas y "exclusivamente" para la construcción de dicha caseta para usos agrícolas.

Las obras, que ya están terminadas a través de la empresa de los otros dos acusados, "no han respetado las autorizaciones concedidas, de tal forma que en realidad se ha construido una vivienda unifamiliar terminada no antes del año 2007", con el fin de "segunda residencia", algo, según la Fiscalía, "incompatible con la legislación protectora del parque".

Las obras no pueden legalizarse, por lo que es necesaria la demolición de lo construido a cargo de los acusados, así como la previa elaboración de un proyecto técnico elaborado por las Consejerías de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que garantice la restauración total del espacio natural afectado.

Por todos estos hechos, la Fiscalía pide para cada acusado dos años de cárcel, una multa de veinte meses con una cuota diaria de ocho euros, que asciende al pago de casi 5.000 euros para cada uno, y la inhabilitación especial por dos años para el oficio de promotor y para el desempeño de la promoción inmobiliaria.

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