La Fiscalía de Huelva ha pedido dos años y cuatro meses de cárcel al presunto autor de un delito de daños y de construcción ilegal en zona especialmente protegida, en una finca ubicada en el término municipal de Bonares, así como el pago de una multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros, lo que asciende a 3.600 euros, y la inhabilitación especial para el ejercicio del oficio de promotor-constructor durante un año.

Según reza el escrito de la acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado, en calidad de administrador de una sociedad empresarial propietaria de fincas rústicas sitas en Bonares, adquirió en 2006 la finca 'La Palomera' de 50 hectáreas y llevó a cabo desde su adquisición, un cambio de uso de forestal a agrícola expresamente prohibido por la legislación medioambiental vigente.

Al menos desde el mes de julio de 2008, con el fin de dedicarla a usos agrícolas ha destoconado y eliminado toda la cubierta vegetal y la repoblación de eucaliptos, utilizando maquinaria pesada para aplanar y roturar el suelo afectando a 22,3 hectáreas.

Igualmente y para el riego de las futuras plantaciones ha introducido tuberías soterradas, ha construido cinco pozos sin ningún tipo de licencia-autorización y ha instalado una valla metálica sin pasos de fauna en una extensión de 1.100 metros y para la que sólo obtuvo una licencia municipal para cierre parcial de la finca mayo de 2008.

Por tanto, ha llevado a cabo un cambio de uso prohibido, causando unos daños cuya restauración ha sido pericialmente tasada por la Administración Ambiental en 74.135 euros y realizado construcciones en suelo de especial protección. La Delegación Provincial de Medio Ambiente le abrió expediente sancionador y por el Juzgado se acordó la paralización cautelar de la transformación de la finca.

En cuanto a la responsabilidad Civil, según la Fiscalía, el acusado indemnizará a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con la suma en que sean tasados en sentencia o ejecución de sentencia los gastos de regeneración del terreno, partiendo del informe pericial obrante en la causa que los calcula en 74.135 euros. Estará obligado a su costa a desmantelar las vallas y las tuberías y pozos de riego construidos.