El pleno de Almonte respaldó ayer autorizar a la empresa municipal INIM El Tomillar S.A a solicitar un crédito hipotecario por valor de 1.800.000 euros que servirá para la adquisición de 40 hectáreas de suelo industrial sin urbanizar en el Polígono Industrial Camino Alto, lo que impulsará la llegada de inversiones y de empleo en la localidad.

El concejal de Industria, Domingo Núñez, defendió la operación al subrayar que en términos estrictamente económicos comporta la adquisición de un área de suelo industrial por un precio relativamente competitivo. No obstante, el acento a la hora de defender las bondades de la propuesta se debe a que la empresa municipal gestiona el 70% de los terrenos, si bien la carencia del 30% lastraba la autonomía de la sociedad para, por ejemplo, "ceder gratuitamente naves" a proyectos de especial interés social. Entre otras cosas citó que la falta de control total de los terrenos impone que se fijen unos precios mínimos que coartan las posibilidades de venta.

A lo largo de la sesión hubo constantes guiños por parte de todos los partidos políticos a los parados que se manifestaban a las puertas de la casa consistorial. En este punto no sería menos y Núñez subrayó que el objetivo es desarrollar toda el área industrial a lo largo de la próxima década, de forma que, conforme se vallan colmatando las zonas, se urbanizará la totalidad del polígono, lo que permitirá generar una mano de obra que se prolongará a lo largo de los años.

El portavoz de IU, Fernando Bejarano, abogó por utilizar la figura de la expropiación si, tal como prometen los socialistas, la obra responde al interés general. Del mismo modo, el representante de izquierdas vio "indicios de especulación pues tal como aseguró el propio ayuntamiento está apalabrando parcelas a pesar de no estar urbanizada la zona".

Donde la oposición se hizo una sola voz fue a la hora de pedir que se de a conocer a quienes corresponde la titularidad de los terrenos que adquirirá la empresa municipal y, por ende, "a quien se va a beneficiar", ya que, denunciaron, "esta información no figura en el expediente". Aún así, excepto los ediles no adscritos optaron por la abstención.

En otro orden de cosas el ayuntamiento dio curso legal a dos nuevas ordenanzas: una primera que regulará la convivencia ciudadana y velará por la protección de los bienes de titularidad municipal y, una segunda, de la ordenación de las actividades a desarrollas en el litoral".

Respecto a las primeras, el PSOE subrayó la necesidad de legislar los hábitos cívicos y, en paralelo, proteger los bienes de titularidad municipal. En este sentido, la ordenanza contempla diferentes tipos de sanciones que oscilan entre los 60 y los 3.000 euros dependiendo de la tipificación de las faltas.

IU solicitó la modificación de diversos artículos y abogó por abrir la posibilidad de abolir las sanciones económicas siempre que se repusiera el estado primigenio del mobiliario o, en su defecto, se realicen trabajos en favor de la comunidad.

Donde la oposición coincidió sin fisuras fue a la hora de calificar de "desmesurada" las multas a estas actitudes punitivas. Más aún en la que atañen a las prácticas autorizadas en el litoral, que ahora regularán desde el estacionamiento y aparcamiento, pasando por las acampadas, el uso de embarcaciones o la propia venta ambulante. Todo ello acompañado de un régimen sancionador que comprende diferentes tramos, entre los 60 euros y los 500 euros; los 501 y 3.000 euros y los 3.001 a 6.000 euros, dependiendo de si se tipifican como faltas leves, graves o muy graves, respectivamente.

Los populares en boca de su portavoz, José Antonio Domínguez, criticaron el excesivo celo imaginativo del equipo de gobierno puesto al servicio de un único objetivo: recaudar. "Con la crisis, el Ayuntamiento tiene dificultades para pagar la gasolina del coche de la policía y agudizáis el ingenio para sacar dinero hasta de debajo de las piedras, ya que parece que no os basta con subir todos los impuestos municipales", recriminó el edil.

El PSOE, por su parte, descartó estas acusaciones y defendió que la ordenanza tiene un carácter y espíritu disuasorio.

La densa sesión ordinaria dio cabida también a la revocación del derecho de promoción de doscientas plazas hoteleras en suelo tipo B, adjudicado en abril del pasado ejercicio en favor de la empresa almonteña Agobionest, a la que acusaron de no presentar el proyecto de actuación en tiempo y forma, así como no cumplir con las garantías económicas por importe del 10% de la inversión, que ascendía a nueve millones de euros. En base a lo cual se designó un nuevo proyecto denominado Centro Ecoturístico Mirador de la Rociana, que comportará una inversión de seis millones de euros.

El pleno de ayer también sacó adelante la cesión a instancias del equipo de gobierno de la desafección de los inmuebles que actualmente acogen en Matalascañas las dependencias de la policía local y las oficinas municipales, servicios, ambos, que ahora pasarán a desarrollarse en el nuevo Centro Polivalente. Igualmente se cedió del edificio de la Iglesia de Baler a la Asociación Amistad Hispano-Filipina. Por último de forma más escueta se aprobó el plan de playa, el nombramiento de hijo predilecto a Antonio Jiménez Ramos, y la resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio para el desbloqueo del polígono dedicado a la industria del acero.