Cuatro años de investigación judicial y otros cuatro a la espera de un informe pericial sobre los daños que el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos de Villarrasa ha podido provocar en la salud humana y en el entorno del vertedero acaban con un carpetazo a la causa. De momento. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado, encargado del caso desde que se abrieron diligencias a raíz de las primeras denuncias por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la planta (2002), ha decretado el archivo provisional después de ocho años.

Según ha podido confirmar este diario, el fallo del instructor se produce precisamente por la falta de la prueba pericial solicitada en abril de 2006 por la Fiscalía para medir los daños que el vertedero haya podido producir, con carácter previo a la calificación final de una actividad en la que el mismo juzgado que ahora decreta el archivo advirtió un posible delito ambiental.

El auto de archivo, fechado en agosto de 2009, pero notificado ahora (seis meses después), estima que la Administración de Justicia no ha dado solución en todo este tiempo para que se lleve a cabo el informe.

El Ministerio Público consideraba entonces que el esperado estudio que nunca ha llegado a realizarse era del todo "imprescindible" para el procedimiento, consideración que continúa manteniendo a fecha de hoy: la decisión del Juzgado 1 de La Palma será recurrida por la Fiscalía.

La acusación pública propuso en su día que fuera un perito independiente (señalaba a un experto de la Universidad de Sevilla) el que se encargara de analizar los efectos que la actividad del vertedero hubiera podido producir en la salud humana y en el medio ambiente.

Ahí se produjo el escollo y, desde entonces, el procedimiento ha permanecido bloqueado. Primero, porque nunca llegaron los recursos de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de la Junta, que ha discrepado de los criterios de la Fiscalía. La Administración andaluza ha advertido de dos "graves errores" respecto a la concreta petición de la Fiscalía. De un lado, señaló en día que "las partes no designan a los peritos ni el juez ni el fiscal" y, de otra parte, indicó que el primer paso es recurrir a técnicos de la misma Administración que conozcan de la materia y, sólo en caso de que no existan estos funcionarios, se acude a la empresa con la que la Junta mantiene un acuerdo para realizar los peritajes en materia de Justicia.

El delegado de Justicia en Huelva, Enrique Gaviño, llegó a afirmar que, en este caso, no se había seguido el procedimiento y, en consecuencia, se negaba a dar el visto bueno a una anomalía, apuntando además que la provisión de fondos para una prueba suele ser habitual en el ejercicio privado pero no en la Administración.

En el procedimiento por delito ambiental que queda cerrado provisionalmente, en tanto la Fiscalía recurre y el juzgado resuelve, existen tres personas imputadas. De una parte, el entonces jefe de Medio Ambiente de la Diputación de Huelva -titular de la planta de tratamiento-, D.B.H., y por parte de la empresa concesionaria del servicio hasta el verano de 2005, Reciclados del Tinto y del Odiel (Retinod), el director de la firma en Huelva, M.V.M. así como el jefe de servicio del vertedero, cuya identidad responde a las iniciales J.J.V.F.

Tanto la persona que asumió la responsabilidad por parte del organismo provincial, el jefe del departamento de Medio Ambiente, como los representantes de Retinod han reconocido que en diversas ocasiones en los años previos a la investigación judicial en incluso posteriormente se produjeron vertidos a arroyos cercanos a las instalaciones, aunque la planta carece de autorización para verter ya que ni siquiera esta posibilidad estaba planteada en el estudio que se realizó antes de que el vertedero comenzara a funcionar.

En su declaración ante el instructor, el funcionario admitió que, según constaba en los informes técnicos, hubo vertidos de lixiviados al cauce público y manifestó que, a su juicio, hubo incluso falta de previsión en la configuración de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Residuos de Villarrasa, diseñada por la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa).

Según la versión que ofreció el entonces jefe de Medio Ambiente, desde que la planta entró en funcionamiento, las infraestructuras para el tratamiento de lixiviados resultaron insuficientes y la empresa concesionaria lo puso en conocimiento del organismo provincial.

Desde 2000, la Diputación aprobó la evacuación externa a otra depuradora de alrededor de 40.000 metros cúbicos, una práctica que al menos se mantuvo hasta 2005, según las declaraciones de los imputados, y después solicitó a la Consejería de Medio Ambiente la construcción de la planta de lixiviados. El plan de evacuación de lixiviados, que se trasladaban a depuradoras de Cádiz y Sevilla, tuvo un coste superior a los 3 millones, dinero que salía directamente de las arcas de la Diputación aunque era la concesionaria la que abonaba a otra firma los trabajos de extracción.