Nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento de Lepe en el proceso abierto para recuperar la gestión del agua y ponerla en manos de una empresa privada. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial ha decidido ampliar la suspensión cautelar que había sobre el proceso, es decir, que ha suspendido cautelarmente también el acuerdo plenario por el que el Consistorio aprobaba el rescate de los servicios de agua y alcantarillado.

El Ayuntamiento se encuentra así con un nuevo bloqueo después de haber cambiado su estrategia cuando el juzgado dictaminó la primera suspensión cautelar, sobre el procedimiento abierto para salir de la Mancomunidad de Aguas de la Costa. Entonces, el Consistorio decidió salir únicamente de su empresa pública, Giahsa, rescatando los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado para su gestión mediante concesión administrativa (excepto en la zona de Islantilla), mientras que Giahsa gestionaría en el municipio el agua en alta, la potabilización y la depuración y vertidos. De hecho, el Ayuntamiento adjudicaba recientemente los servicios rescatados a Aqualia.

Ahora, suspende los acuerdos. Según el juez, el Ayuntamiento de Lepe ha adoptado unos acuerdos donde, "sin perjuicio de la autonomía local que corresponde a los municipios, debió considerar su pertenencia a dicha Mancomunidad de servicios", porque de todos los municipios que integran la Mancomunidad "es el único municipio que está tomando decisiones que afectan a dicha Mancomunidad sin tener en cuenta los problemas que ello puede ocasionar a la misma y a los municipios que la integran".

El juez tiene en cuenta además que las resoluciones administrativas adoptadas por el Ayuntamiento de Lepe "dejan en el aire determinadas cuestiones, que ya están dando y darán lugar a conflictos administrativos y judiciales". Entre esas cuestiones polémicas están la gestión del servicio de agua en Islantilla, la recogida de residuos y la depuración de las aguas residuales, el problema del personal que debe irse con el municipio para seguir llevando esos servicios con el nuevo concesionario, la prestación del servicio en alta, la liquidación que debe efectuarse de las obligaciones y derechos entre todos los municipios, así como la liquidación final que se debe hacer y aprobar por dicha mancomunidad antes de la puesta en funcionamiento de la nueva Mancomunidad de Servicios.

Por todo ello, el juez acuerda la medida cautelar solicitada por Giahsa, aunque también puntualiza que esta medida podrá ser modificada o revocada, atendiendo a las "circunstancias especiales" que concurren en este caso, como es la puesta en funcionamiento de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva (MAS) a partir del 1 de enero y la nueva regulación recogida en sus estatutos.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Lepe tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación contra este dictamen judicial en el plazo de 15 días.