"En unos años me jubilo y siempre había pensado retirarme a una zona tranquila, donde poder descansar y disfrutar de la naturaleza. En eso he invertido mis ahorros y ahora lo único que puedo decir es que me siento estafado y engañado". "Yo quería huir de la contaminación de la ciudad y aposté por una vivienda en un entorno que me vendieron como privilegiado y después de dos años me doy cuenta de que lo que he comprado es un búnker del que es mejor que mis hijos no salgan porque nadie me garantiza que no hay contaminación en la acera de enfrente". Es el sentir de algunos afectados por el conflicto medioambiental de Aljaraque (presencia de metales pesados en elevadas concentraciones en las parcelas colindante al Paraje Natural de Marismas del Odiel, donde se proyectan varias promociones), que envuelve una trama que a fecha de hoy nadie parece querer aclarar.

Juan (el nombre es ficticio como el de todos los que aparecen en estas líneas, porque prefieren mantener el anonimato para evitar cualquier tipo de represalias) se interesó en su día por una urbanización que se publicitaba como una zona residencial "casi inigualable". De eso hace más de tres años, cuando firmó el contrato de compra de una de las 122 casas pareadas que tiene la promoción (se han vendido alrededor de un centenar), por un precio medio de 260.000 euros. "Me acerqué en varias ocasiones a la zona donde se iba levantando mi futura casa, e incluso animé a algún conocido a hacer lo mismo, porque siempre pensé que era una oportunidad y que merecía la pena". Pero un año después, comenzó a tener conocimiento de una posible contaminación "de los suelos sobre los que se levantan nuestras viviendas o de los colindantes". A partir de entonces, se inició lo que más de uno califica como "un auténtico calvario y una estafa". Miriam (otra afectada) asegura que a partir de ahí "las administraciones se fueron pasando la pelota y ninguna ha sido capaz de garantizarnos que ahí no peligro para nuestra salud", lo que le llevó a más de uno a optar por reclamar la rescisión del contrato con la promotora, Nuevo Quinto (que ha declinado realizar cualquier declaración al respecto). Para ello, se basan en dos puntos esenciales: el incumplimiento de las condiciones del contrato (la entrega de las viviendas se había previsto para antes del 1 de abril y dos meses después no se ha concedido la licencia de primera ocupación) y el error de consentimiento, porque entienden que -"intencionadamente o no"- no se les informó de que "había una supuesta contaminación" en los terrenos.

José es uno de los primeros propietarios que firmó el contrato y decidió hace dos semanas denunciar a la empresa para "que me devuelvan mi dinero", (la mayor parte de ellos ya ha entregado unos 30.000 euros), aunque "seguiremos condiderándonos estafados y engañados por la Administración y por la empresa, porque nadie nos ha aportado una solución". Se siente impotente como Julio, que no da crédito a lo que está viviendo: "El dinero nunca puede estar por encima de la salud y parece que en todo este asunto, lo único que prima eso, el dinero". Tiene una hija y decidió comprar su casa en Nuevo Corrales, para "evitar la contaminación de la ciudad. Me dijeron que iba a estar rodeada de vegetación y en un entorno paradisiaco -relata- y a día de hoy, lo único que sé es que me han mentido".

Ante esta situación, plantean presentar una demanda de forma conjunta, aunque hubieran preferido "solucionar el tema con el diálogo, pero nadie parece querer darnos una respuesta". "Lo seguimos intentando", apostilla Manuel, "aunque a hoy por hoy lo único que tengo claro es que esa vivienda no la quiero porque no es la que yo compré, salvo que me demuestren que puedo vivir en ella con tranquilidad, que es lo que yo compré".