Dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos y la historia que las lindes o las líneas divisorias han desencadenado más de un guerra. La nueva orden de la Junta de Andalucía sobre el marisqueo a pie cumple las dos máximas anteriores. Felices se las prometían algunos mariscadores de Huelva que veían cómo con la nueva normativa se ampliaba su horizonte costero más allá de la Torre del Oro. Ignoraban que al otro lado de la valla se estaba fraguando la revuelta.

La primera lanza llegó por sorpresa, pero directamente desde el Ayuntamiento de Almonte y de la mano de la concejala de Medio Ambiente, Azucena León, al hacerse eco de la queja de la Asociación de Mariscadores de Doñana. Ha sido la señal del inicio de una contienda que va a enfrentar (de hecho la confrontación ya existe pero en silencio) a compañeros de fatiga.

El caso es que la nueva orden ha generado un "gran malestar y una fuerte respuesta de los mariscadores de Doñana", que tradicionalmente han faenado desde la playa de Malandar, cerca de Sanlúcar de Barrameda, hasta la de Torre del Oro, cercana a Mazagón.

El motivo es que la normativa actual limita el ámbito de actuación de los mariscadores de Doñana a la zona exclusiva del Parque Nacional cuando hasta ahora podía hacerlo a lo largo de toda la costa onubense, aunque por motivos de proximidad y para no recorrer grandes distancias su campo de actuaciones apenas llegaba a Mazagón.

El Ayuntamiento de Almonte duda sobre la constitucionalidad de la restricción que prohibe a los mariscadores almonteños faenar incluso en algunas playas de su propio municipio.

La concejala, en nombre de los mariscadores de Doñana, plantea si realmente es constitucional que se prohiba a unas personas que puedan ejercer su actividad en el resto del litoral, que no está afectado por normativas restrictivas. De hecho, asegura que las mismas personas que realizan usos tradicionales de Doñana como la piña, el ganado o la apicultura lo pueden hacer en Doñana siguiendo las limitaciones que establece el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural (PRUG), y lo que pueden hacer fuera del espacio protegido igual que cualquier otra persona".

Además de cuestiones de legalidad el Consistorio sostiene que con el establecimiento de esa zona excluyente se produce una reducción de dieciocho puestos de trabajo por lo que la Consejería "va además a contracorriente de las políticas de empleo de la Junta de Andalucía, pues la prioridad de todas las administraciones en esta época de crisis son los puestos de trabajo". El PRUG limita a 160 la capacidad de carga en la zona marítima de Doñana, aunque sólo se han concedido 142 licencias, de ahí la pérdida de los dieciocho puestos de trabajo aludido por la concejala.

Los mariscadores de Doñana, por boca del presidente de la asociación, Soltero Domínguez, rechazan la ordenación del marisqueo a pie porque al "autorizar a 142 mariscadores en poco más de 21 kilómetros se está autorizando la destrucción del caladero". Para los más de 90 kilómetros del resto del litoral onubense se han concedido 200 licencias .

León ha añadido más leña al fuego y afirma que el Ayuntamiento de Almonte va a apoyar a los mariscadores, entre otras cosas porque están demostrando tener más criterios de sostenibilidad que la propia Junta y porque la nueva ordenación supone dar carta de naturaleza a un desequilibrio social y ambiental que no se puede consentir, por lo que el Ayuntamiento se muestra dispuesto a realizar las gestiones necesarias hasta conseguir que este recurso sea ordenado de una manera más sostenible.

Pero es más, según León la orden parece que responde a intereses de otras zonas costeras de la provincia, mientras que el sector del marisqueo a pie en Doñana se ve gravemente dañado en sus intereses con la nueva normativa hecha "sin tener en cuenta los argumentos de los propios mariscadores de Doñana".

La Asociación de Mariscadores de Doñana está integrada por mariscadores de seis municipios del ámbito del Espacio Natural. De las licencias concedidas, 71 son para Pilar, 33 para Sanlúcar de Barrameda, 18 para Almonte, 15 para Villamanrique, 15 para Carrión de los Céspedes y 8 para Hinojos.

Mientras, la delegada de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Huelva, Esperanza Cortés, se ha mostrado sorprendida por el malestar y la indignación de los mariscadores de Doñana y rechaza que se pueda esquilmar el caladero porque las autorizaciones están por debajo de las permitidas. Y es que, según Cortés, la Junta se ha limitado a aplicar la orden que se reguló y se hizo con el sector y que ha sido fruto de muchas reuniones en las que estuvieron presentes los mariscadores de Doñana por lo que "sabían que la orden se iba a hacer y cómo".

Además, explica que los 142 mariscadores han optado por solicitar las licencias para la zona de Doñana y lo podían haber hecho para el resto del litoral, una opción que ahora les impide faenar en ningún otro punto del litoral onubense, ni desde Matalascañas hasta la Torre del Oro.

En la la reunión que mantuvieron el pasado día 23 mariscadores y delegada estos se mostraron dispuestos a negociar una salida a la situación creada, pero las espadas siguen en alto.