Provincia

Recuerdos para derribar el olvido y la indiferencia ante la atrocidad

  • Una de las primeras fosas comunes que ha abierto la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha sido en el cementerio de Calañas · Resto de once vecinos de este pueblo yacían ahí

Las exhumaciones de once vecinos de El Cerro de Andévalo fusilados el 13 de noviembre de 1937 en la localidad de Calañas han dejado al descubierto el drama social que supuso la sublevación que desembocó en la Guerra Civil española. Historias con nombre y apellidos de familias que sufrieron en primera persona la crueldad de quienes a toda costa quisieron ostentar el poder en España.

Estos días en Calañas los familiares que han acudido para seguir el trabajo del equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de los asesinados en el cementerio han reconstruido con sus testimonios las historias de once hombres. En unos casos, la 'sentencia de muerte' (no fueron sometidos a juicio alguno) les vino dada por la relación de parentesco ya que no tenían ninguna afiliación política o, incluso, no habían colaborado con los huidos.

El drama comenzó el 6 de agosto de 1937 cuando el general Queipo de Llano emitió un bando donde declaraba el Estado de Guerra en gran parte de la provincia de Huelva. Esta orden, además, recogía un mandato que fue letal en la etapa de represión que el Ejército sublevado impuso en gran parte del territorio. Queipo de Llano señalaba en el bando que "todo el rigor ante la imposibilidad de acabar con los huidos iba a recaer sobre sus mantenedores" en su jurisprudencia militar.

Según se desprende de las investigaciones realizadas por Francisco Javier González Tornero (El Cerro de Andévalo 1981), que desde el año 2000 está indagando sobre el movimiento obrero, II República, Guerra Civil y represión en El Cerro de Andévalo y Montes de San Benito, las detenciones en la localidad cerreña comenzaron con la toma por las tropas sublevadas de Minas de San Telmo, en agosto de 1937. El bando emitido por Queipo de Llano no hizo más que preocupar a los vecinos que no fueron depurados. En este sentido, González Tornero señala que "tanto los colaboradores del Comité de Defensa Antifascista como los miembros de los partidos de izquierdas temieron desde ese momento por sus vidas, ya que a Queipo de Llano y sus tropas no les iba a faltar informantes voluntarios".

Los huidos contaban con la ayuda de sus propias familias, de algunos compañeros que los proveía de alimentos de primera necesidad en los cortijos adyacente a la población como el de Alfonso Pavón Sánchez -el cortijo de Lapa-, el de Juan Trigo Campillo -el cortijo Los Zurrones- o en la casa del paso a nivel del Ferrocarril de Tharsis a La Zarza, de Luis Serrano Delgado.

Mientras en el pueblo se hacían colectas para mantener a los fugitivos. Éstos también contaban con dinero para la compra de víveres. De los vecinos de El Cerro de Andévalo que estaban huidos, era Alonso Márquez Romero el encargado de recoger los alimentos y artículos solicitados.

A tenor de los testimonios recogidos por el joven investigador de estos sucesos, el trato hacia los huidos siempre fue correcto, aunque se vivía en la zona las duras represalias que aplicaban los falangistas a los vecinos "no leales".

Las batidas de las fuerzas destacadas en El Cerro de Andévalo eran cada vez más frecuentes y los registros en los cortijos algo cotidiano. Según ha podido saber González Tornero en sus más de cincuenta testimonios recogidos, "los huidos mantenían todos los gastos y aprovisionamientos registrados en una libreta. También los proveedores. En una de las muchas batidas, la libreta se perdió. Probablemente en las peñas de Aroche y esto desencadenó el fatal desenlace para muchos cerreños".

Con la libreta en manos de los sublevados, la pérdida pudo ser coetánea de una similar "entre la documentación cogida al enemigo" publicada en el diario de Huelva que por la fechas, lugar y nombres que se relacionaban, entre ellos varios vecinos cerreños, bien podría ser la que dio lugar a varias de las detenciones posteriores.

El 19 de octubre de 1937 comenzaron las detenciones por orden de las autoridades militares a personas significativas de la vida de cerreña como Bartolomé Fernández Sánchez, oficial primero del Ayuntamiento, Pedro Moya Bermejo -natural de Valverde del Camino-, inspector veterinario y Agustín González Vázquez, primer alcalde republicano y uno de los presidentes del Partido Republicano Federal. Con ellos, también fueron detenidos un número indeterminado de vecinos de la población. Para González Tornero -biznieto de uno de los fusilados el 13 de noviembre en el cementerio de Calañas-, "estos arrestos se debieron a varios motivo: afiliación o simpatía por los partidos y organizaciones izquierdistas, cargos de responsabilidad durante la República, servicios prestados al comité de defensa antifascista antes de la ocupación del municipio y, por último, tener familiares entre los huidos o la colaboración con estos".

Las últimas detenciones se produjeron en El Cerro de Andévalo el día 6 de noviembre de 1937 en las personas de Juan Trigo Campillo y Luis Serrano Delgado, respectivamente. Los detenidos fueron hacinados en la cárcel municipal "que se encontraba en pésimas condiciones higiénicas y tenían trazas de ser un lugar de torturas" y los interrogatorios y maltratos lo realizaban en el cuartel de la Guardia Civil ubicado provisionalmente en el convento de las Hermanas de la Cruz. Hubo traslados a Huelva para ser interrogados o sometidos a consejo de guerra y esto hizo que sólo quedaran 13 hombres en estas dependencias para ser trasladados más tarde al pósito municipal.

Además de los fusilados el 13 de noviembre en Calañas se encontraban Pedro Moya Bermejo y Sebastián Rodríguez González (era comerciante, presidente de Izquierda Republicana de El Cerro).

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