La escalada de sanciones y procedimientos abiertos por supuestas infracciones urbanísticas sigue su curso por todos los puntos de la geografía onubense.

La última acción conocida por su espectacularidad se ubica en el término municipal de Corteconcepción. La Guardia Civil ha instruido diligencias y enviado amplia documentación al Juzgado número dos de Aracena por los supuestos hechos contra la legalidad urbanística cometidos por la Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales SL.

El asunto fue tramitado por el anterior equipo de Gobierno. La alcaldesa actual, Ana Eriz, de IU, ha asegurado a esta Redacción que el proyecto es anterior a su Alcaldía. Al parecer, en las zonas conocidas como Cortijo La Puente y Cortijo Almodóvar se ha actuado sobre edificaciones agrarias sobrepasando la autorización.

El marco jurídico aplicable en este caso instruido por el Seprona subraya que en suelo no urbanizable solamente podrán ejecutarse construcciones y edificaciones que están vinculadas directamente a la explotación de los recursos primarios y si estas construcciones no guardan relación con el destino agrario deben tramitarse por vía de procedimiento extraordinario de utilidad pública o interés social.

En el material gráfico que manejan las autoridades se observa aumento de plantas, habitaciones, nuevos viales y mallas y cerramientos así como una supuesta captación de agua del pantano de Aracena, una zona de policía de cauce.

El caso está en manos del Juzgado de Aracena que deberá decidir ahora qué curso sigue el procedimiento de infracción abierto a la Compañía.

Se da la circunstancia de que la empresa investigada por sus actuaciones urbanísticas tiene vinculaciones societarias con Rumbo 5. Cero, que adquirió el paquete de tres fincas (una en Minas de Riotinto y dos en El Campillo) que suman unas 1.200 hectáreas de la extinta SAL minera subastadas por la Agencia Tributaria.

En el conglomerado accionarial aparece también Vía del Atlántico, una promotora sevillana cuyo 50% de capital social estaba en manos de la Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales y que utilizó a Rumbo como sociedad instrumental para pujar por los terrenos embargados.

El caso inició su salto a la luz con la denuncia ecologista el pasado verano, que exigieron a la Junta que eliminara las alambradas de la Compañía.