La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha culpado a la Junta de Andalucía por pretender eliminar tierras agrícolas dedicadas históricamente al cultivo de los frutos rojos en el Condado de Huelva.

Así lo indicaron los agricultores reunidos en asamblea de la Plataforma, que lamentaron que el Gobierno regional esté intentando hacer desaparecer parcelas que desde hace décadas han recibido autorizaciones de riego, subvenciones y ayudas para proyectos de regadío y producción de berries, e incluso han abonado el pago por canon agrícola. "Nadie nos ha dicho, durante décadas, que esas tierras no se podían sembrar y la Administración regional ha sido consciente del uso que tenían", explicó el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón.

Picón insistió en que esta misma situación se da en las parcelas que no han sido incluidas en el Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana por la foto fija que se hizo en el año 2004 y que establece quiénes pueden o no regar.

"Volvemos a reiterar que no vamos a defender a aquellos que hayan destruido masa forestal, pero en la mayoría de los casos se trata de agricultores que, por algún motivo, en 2004 no sembraron esa parcela, o una parte, y han perdido el derecho a seguir sembrando en ella, una tierra que ya fue agrícola desde que las cultivaban sus abuelos o incluso antes", apuntó Picón.

Por este motivo, la Plataforma ha mantenido una primera reunión para preparar un encuentro con todos los agricultores del Condado e iniciar un calendario de acciones. A juicio del presidente, "no podemos dejarnos morir sin luchar por el trabajo que hicieron nuestros antepasados y que queremos dejar a nuestros hijos. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora".

Por otra parte, el Congreso ha aprobado una Proposición no de Ley del PSOE para que el Gobierno retire la liquidación de las obras de modernización a las comunidades de regantes El Fresno y Pedro Arco. La iniciativa contó con el respaldo de Podemos y Ciudadanos y los votos en contra del PP.

Según la diputada nacional por el PSOE de Huelva en el Congreso de los Diputados, Josefa González Bayo, expuso que en la iniciativa se pide al Gobierno central que explique a través de un estudio la razón por la que se reclama 1,7 millones de euros a El Fresno y 500.000 euros a Pedro Arco, ya que "no se ajusta a las condiciones firmadas en el convenio de colaboración entre las comunidades y Seisa, Empresa Pública del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente".