Con la experiencia que otorga lo ya vivido, patronal y administraciones bien conocen a estas alturas la importancia que supone para el sector minero que las compañías que crecen a su amparo -incluidas las auxiliares- reciban apoyo, con el objetivo de favorecer un tejido industrial de calidad y diversificado que se quede en el lugar una vez que la vida útil de la mina de turno concluya. Este hecho -clave para el desarrollo de la minería en la provincia- es, al mismo tiempo, un desafío y una oportunidad al que la Estrategia Minera de Andalucía 2020 otorga prioridad.

El documento, aprobado ayer en Consejo de Gobierno por la Junta, sustituye la planificación vigente desde 2010 y está auspiciado por el auge de la minería metálica en los últimos años. Su objetivo, según explicó ayer la secretaria general de Innovación, Industria y Energía de la Administración andaluza, María José Asensio, es dar a conocer al sector los planes de trabajo y las nuevas fórmulas para impulsarlo y ordenarlo y, en el caso de la provincia, hay algo claro: "El impacto de la minería metálica es muy relevante y, por lo tanto, todo lo que hagamos en esta estrategia tendrá una mayor repercusión en Huelva".

Aunque, al tratarse de un documento estratégico, no va acompañado de presupuesto alguno, Asensio precisó que, al igual que la estrategia industrial o la de la energía, se engancha en el documento estratégico general que hay para la comunidad -la RIS3-, que canaliza los fondos europeos. Por lo tanto, aunque no haya inversión directa, ya están marcadas las líneas de trabajo hacia las que se canalizarán los fondos de la UE.

A diferencia del plan anterior, en el que la ordenación era mucho más relevante, el nuevo plan otorga prioridad al impulso del sector. Esto es así porque en los últimos cuatro años se ha avanzado mucho en la configuración (caducidades de permisos o concursos de investigación, por ejemplo) y, a pesar de que la ordenación nunca tiene un punto y final, ahora ya no es lo más urgente. De esta forma, la prioridad pasa en estos momentos por "conseguir que en cuatro años la actividad minera se convierta en una actividad estructural, de modo que pueda dar más solidez a toda la actividad económica que se genera en el entorno", señaló la secretaria general.

Según datos aportados por Asensio, desde 2009, año en que se iniciaron las inversiones en minería metálica, las empresas privadas han invertido en Huelva 1.500 millones en instalaciones industriales, cifra que supone la mitad de la inversión en Andalucía. "No hay ningún sector que haya invertido esta cantidad en la industria andaluza salvo el minero. Es un dato muy relevante y, además, se han creado del orden de 3.000 empleos directos", puntualizó.

Con estos datos sobre la mesa, la estrategia en Huelva también tiene por delante la ardua tarea de eliminar trabas para caminar hacia la consolidación del sector, de modo que su estructura se fije para que se pueda empezar a hablar de permanencia. Para lograrlo, el documento plantea trabajar en cuatro líneas bien definidas.

La primera pasa por aprovechar la potencialidad del sector en la provincia, ya que hay "mucha capacidad de generar empleo nuevo". Pero no solo en la extracción, también en la transformación y, lo que es más relevante, "aprovechar la potencialidad para fortalecer el tejido industrial asociado". No en vano, cada instalación minera contrata a una media de cien empresas que le ofrecen servicios (instalaciones de agua, luz, transporte, etcétera). Se trata, por lo tanto, de un tejido industrial de pequeñas empresas muy relevante. "En Huelva ya se nota mucho la presencia de esa industria asociada que ofrece servicios, pero deberíamos de consolidarla en cuatro años", apuntó Asensio.

El segundo campo de trabajo es otro caballo de batalla: mejorar los servicios públicos. Porque la actividad minera, intervenida por la Administración porque el material que se extrae es público, ha hecho esfuerzos para agilizar trámites y ser más transparente, pero aún queda camino por recorrer.

El tercer reto pasa por la restauración de los pasivos ambientales, lo que conllevará una "inversión pública importante" y el último consiste en potenciar la seguridad laboral y la mejorar la capacitación de las personas que trabajan en todo el entorno industrial que genera una empresa minera.