La Audiencia Provincial de Huelva ha denegado a la acusación particular que ejerce la madre y mujer de las víctimas del doble crimen de Almonte, Marianela Olmedo, el acceso a los informes psiquiátricos elaborados por los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Huelva al único imputado en el caso, F.J.M.R. En un auto fechado el 11 de mayo y al que ha tenido acceso Huelva Información, la Sección Primera remarca que "quien ejercita la acción penal en cualquiera de las formas previstas en la Ley no tiene un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso".

La solicitud de la acusación ejercida por la letrada Inmaculada Torres ya fue rechazada por la magistrada instructora de la causa -del Juzgado 1 de La Palma del Condado- en el mes de marzo. En apelación, reitera la petición de que se ordene la práctica de la diligencia consistente en requerir a los peritos forenses que realizaron el informe psiquiátrico del investigado "que entreguen la documentación que hubieren recogido en reconocimientos, entrevistas, test, pruebas y otros con ocasión de realizar el informe médico forense", de modo que la acusación particular pueda realizar otro informe criminológico complementario en el que se incluyan otros datos que se hayan podido pasar por alto.

El recurso se apoya en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al proceso con todas las garantías y se centra en considerar que el informe del IML concluye afirmando que la conservación de las facultades de entendimiento y determinación del inculpado no ofrece información relevante sobre aspectos que pueden influir en la comisión o no de un delito, "como la gestión de la ira o desequilibrios emocionales, pretendiendo dejar constancia del perfil psicológico del mismo más allá de la afirmada conservación de sus facultades".

La ponente del auto, la magistrada Carmen Orland, subraya que la recurrente omite "explicar la necesidad en sí del informe", teniendo en cuenta que aunque el perfil psicológico del inculpado es determinante para el esclarecimiento de los hechos no lo es en éste, agregando que "sería científicamente cuestionable realizar conclusiones psicológicas o criminológicas a partir de datos en los que los propios peritos no habrían participado".

Por todo, estima la Sala que el análisis que propone la acusación "rebasa el objeto de la pericia acordada y elaborada", al tiempo que "presupone que datos y documentos pueden ser reveladores a tales fines, sin tenerse el más mínimo conocimiento previo de cuáles fueron los utilizados".

La Audiencia apostilla que una "petición genérica" por parte de la recurrente del informe de los forenses del IML no está justificada, ya que no "ha de primar su interés frente a la privacidad de datos ofrecidos por el inculpado en colaboración con peritos independientes". La respuesta de la ponente es clara: no está por encima del derecho a la intimidad de F.J.M.R. -quien se sometió voluntariamente al análisis forense- el derecho a la acusación.

Por otra parte, fuentes del caso precisaron ayer a este diario que la juez instructora ha citado el día 10 de junio a las dos acusaciones particulares, el Ministerio Público y la defensa para que estén presentes en La Palma del Condado y acudan a la comparecencia en la que se debatirá sobre la idoneidad o no de que se prorrogue la prisión preventiva del único sospechoso, recluido en la penitenciaría de La Ribera desde finales de junio de 2014.

Según ha podido saber este periódico, en esta comparecencia estará presente el encausado, quien atenderá desde primera línea a la previsible petición de prórroga por parte de la acusación e, incluso, es posible que pueda intervenir en el acto judicial.

Fuentes cercanas al caso indicaron además a Huelva Información que el arrestado continúa manteniendo su inocencia en prisión, donde permanece todavía en el módulo de Enfermería. Allí se ha ganado el favor de funcionarios y personal sanitario hasta tal punto de que se ha convertido en uno de los presos de confianza del módulo, vigilando de cerca a P.S.C., quien a finales de marzo intentó atropellar a un agente de la Guardia Civil y amenazó a otros efectivos de la Benemérita y de la Policía local de Almonte con una motosierra y un hacha en El Rocío.

El sospechoso de asesinar a Miguel Ángel Domínguez y su hija padece en la actualidad un síndrome ansiosodepresivo por el que recibe tratamiento farmacológico y psicológico constante en la cárcel de Huelva.