El Ayuntamiento de Almonte ha convocado una comisión informativa especial para comunicar a la ciudadanía la situación en la que se encuentra el campo de golf tras confirmarse la nulidad de la permuta de las parcelas en El Rocío por las acciones de la empresa Exclusivas Doñana, propietaria del complejo deportivo de Matalascañas y por las que el Ayuntamiento abonó cerca de 7,5 millones de euros.

Es en el núcleo costero donde el equipo de Gobierno pretende explicar a la "ciudadanía, asociaciones y colectivos sociales" la situación tras "la sentencia favorable a la anulación de la compra" y la devolución de las infraestructuras a sus propietarios. A su vez, éstos tendrán que devolver las 14 parcelas en El Rocío, en la calle Santa Olalla, reembolsando a las arcas públicas el dinero abonado, más los 750.000 euros de la hipoteca que pesaba sobre el suelo y que las arcas públicas asumieron en el momento de la compraventa.

En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento insistió ayer en que la alcaldesa, Rocío Espinosa (PSOE), "acata y dará cumplimiento" a lo dictaminado tras el proceso administrativo. Sin embargo, desea explicar de modo técnico "las consecuencias que puede acarrear para el municipio" esta operación, argumentos que no concretaron en su escrito, y que es previsible que den a conocer en la asamblea pública que se celebrará en el edificio administrativo de Matalascañas el próximo 6 de mayo.

El concejal de Turismo, Miguel Espina, insistió ayer en que con la medida pretenden poner "luz y taquígrafos a todo lo relacionado con el citado campo de golf y sus verdaderas consecuencias". Su homólogo de Urbanismo, Antonio Joaquín Díaz, reprochó al PP que no asistiera a una primera reunión -el 26 de abril- a la que sí acudieron IU, Mesa de Convergencia y PSOE.

Los populares tacharon de "desvergüenza que se persiga dilatar, una vez más, el cumplimiento de una operación que tenía vicios de nulidad, como así lo estimó el Consejo Consultivo dependiente de la Junta de Andalucía".

El PP denunció que la alcaldesa "pretende que se mantenga el statu quo de un caso cuyas consecuencias, por vía penal, no pudieron llevarse hasta las últimas consecuencias tras el socorro de Espinosa, que decidió no presentar el escrito de acusación cuando se encontraban imputados sus compañeros" del antiguio gobierno local, al frente del cual estaba Francisco Bella.

A pesar de todo, explicó el portavoz del PP, José Antonio Domínguez, de lo que ahora se trata es de justificar por qué a unos empresarios -entre ellos, el exalcalde socialista Juan Antonio Castellano- se les permitió incrementar la volumetría construible en los terrenos del complejo residencial y deportivo, precisamente para que instalaran una infraestructura golfística que era obligación mantener. Domínfuez añadió que, "en la correlación de los hechos, el PSOE obvia este detalle y adquiere las acciones de una empresa por 7,5 millones de euros, después de que los empresarios se embolsasen los ingresos del ladrillo y vendieran a precio de oro una infraestructura deficitaria".

El portavoz de IU, Daniel Martínez, consideró "consecuente" que se informe a la ciudadanía de todo lo relativo a una operación en la que existen muchos interrogantes, a los cuales debe dar explicaciones la alcaldesa. En cualquier caso, matizó que ello no es óbice para que "se dilate en el tiempo" la entrega de las participaciones de una empresa.

El edil de izquierdas recordó que durante la pasada legislatura, los socialistas "dinamitaron y torpedearon" los intentos de revocar una operación con "evidentes perjuicios públicos para las arcas públicas".

A este respecto, repasó "la pasada legislatura en la que el PSOE y sus concejales votaron en contra de iniciar el procedimiento para la nulidad, lo que les acarreó una cascada de dimisiones hasta la llegada de Espinosa que cumplió con ese papel".