España es hoy una potencia en producción y comercialización de alimentos, consolidándose como bodega, almazara y huerta de Europa, pero estas actividades económicas, muy intensivas en mano de obra, no se entenderían sin la presencia de más de 200.000 extranjeros que trabajan en el mundo rural.

La mayoría de los afiliados extranjeros al Sistema Especial Agrario (SEA) están hoy en Andalucía (89.274), Murcia (40.781), Comunidad Valenciana (24.735), Cataluña (11.863) y Castilla y León (4.127).

Los activos procedentes de Marruecos (71.587) y Rumanía (59.830) suman más de la mitad del total, aunque el campo español es una Torre de Babel que incluye a búlgaros, lituanos, polacos, portugueses, bolivianos, colombianos, ecuatorianos, ucranianos, paquistaníes, subsaharianos y un largo etcétera de nacionalidades. De eso sabe mucho Huelva, pionera y ejemplo de la contratación en origen para la campaña de la fresa.

Para la patronal COAG, es "de justo reconocimiento" el papel que los inmigrantes han tenido en el desarrollo rural, especialmente cuando nadie quería trabajar en la agricultura. En 2015, el 21,32 % de los ocupados del mundo agrario era extranjero (casi un 2,5 % más que en el año anterior) y las personas inmigrantes "siguen encontrando un nicho de empleo" en el campo, explica María Paz Martín, miembro del Área de Relaciones Laborales de COAG.

El alto grado de despoblamiento y envejecimiento rural, los bajos niveles de renta comparados con otros sectores, la temporalidad y la estacionalidad "provocan que en el sector agrario haya una demanda inequívoca de trabajadores inmigrantes, sin los cuales habría sido inviable el progreso económico rural".

Desde UPA-Huelva, Manuel Piedra, recuerda que hasta el 2006 se constató la mayor presencia de extranjeros en la fresa. Ese año comienza "la burbuja inmobiliaria", los españoles se fueron a trabajar en la construcción y había escasez de asalariados. "Empezamos a recurrir a los contratos en origen; primero, en Polonia; luego, en Rumanía, Bulgaria o Senegal", especifica Piedra.

Un gran número de rumanas, polacas o búlgaras llevan más de diez años en esta actividad y en muchos casos han formado familias aquí.

Las marroquíes son el principal colectivo extracomunitario en la fresa y son actualmente más de 5.000, después de un fuerte crecimiento (de un 46 % desde el 2012), según datos del sector.

Huelva fue pionera en la contratación en origen y hoy es una referencia en materia de inmigración para toda España, según se reconoce desde el propio sindicato. "Seguro que habrá algún desaprensivo, como en todo, pero en Huelva se cumplen los convenios y relaciones con los trabajadores", aseguran.

Las grandes superficies que nos compran (de Alemania, Francia y otros países) no sólo controlan la calidad de la fresa, sino que demandan auditorías sociales, incluidas entrevistas con los trabajadores para ver "cómo se comportan sus jefes y en qué condiciones viven", explica.

"Una comisión (de estas empresas compradoras) viene a visitar las viviendas. Se fiscalizan las nóminas..."; unos controles que se suman a los habituales de la Administración en España, apostilla.

El secretario de Empleo e Innovación de CCOO, José Fuentes, recuerda que en 2011 se aprueba la integración del Reass en el Régimen General de la Seguridad Social y "se producen una serie de irregularidades o anomalías en el encuadramiento de los trabajadores", que motivó la bajada de 12.000 activos del SEA.

España ha pasado de tener picos de 248.700 afiliados al SEA en el 2010 a quedarse en 200.000 actualmente, una caída que se explica porque mucha gente salió de España con el último plan de retorno voluntario del Gobierno. Al tiempo, otros trabajadores utilizan la agricultura para "aterrizar" pero, más tarde, se incorporan a otras actividades como construcción, hostelería y servicio doméstico.

Los sindicatos creen que los datos oficiales no son reales y CCOO calcula, así, que entre el 15 y el 20 % de todos los empleados que realmente trabajan en el campo "están en la economía sumergida".

"Pedimos un plan integral contra el empleo sumergido y la explotación laboral", añade Fuentes, tras denunciar que "hemos visto en algunas campañas salarios del 50 % inferiores a lo estipulado en convenio".