La Fiscalía de Huelva va a recurrir en casación al Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del exalcalde de Aljaraque, del PP, Juan Manuel Orta; el exconcejal de Urbanismo, Casto Pino, y el socio del exregidor, A.G.V. Orta ha sido absuelto por la Audiencia Provincial, mientras que Pino y A.G.V. fueron condenado por un delito contra la Hacienda Pública, tras el juicio celebrado el pasado mes de mayo.

Según informó a este periódico el fiscal responsable de la causa, Miguel Arias, las razones son "infracción legal con vulneración de derecho fundamental por indefensión de las acusaciones respecto al auto que resolvía cuestiones previas". En principio estaban acusados de falsedad documental, pero finalmente no fue objeto de este juicio al resolver la sala en cuestiones previas que estaba prescrito, tras solicitarlo los letrados de la defensa. Las escuhas telefónicas fueron declaradas nulas.

Respecto a la sentencia, el fiscal esgrime "la falta de motivación suficiente sobre puntos controvertidos objeto de la acusación, infracción legal y error en la valoración de la prueba". Considera a su vez que la Sala, en su sentencia, "sólo efectúa una aproximación superficial al objeto del juicio, con una motivación insuficiente y deficiente y una argumentación escasa que no se compadece con la extensión de la prueba que se practicó".

Arias precisó que se "rechazó de forma ilógica pruebas de cargo sin ofrecer una alternativa razonable ni razonada en especial respecto de las periciales y contrapericiales practicadas".

Casto Pino fue condenado a un año y medio de prisión, por un delito contra la Hacienda Pública en el ejercicio de 2003, al pago de una multa de 387.537 euros y de una indemnización a Hacienda de 193.768 euros, absolviéndole de cohecho y de blanqueo de capitales y de otro delito contra la Hacienda Pública, correspondiente al ejercicio de 2005. También fue condenado A.G.V., a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, y al pago de una multa de 133.863 euros.

El Ministerio Fiscal solicitó cinco años y medio de prisión para Orta, ocho años y medio para Pino y cinco años y medio para el socio del exalcalde. Los dos primeros fueron acusado de un delito contra la Hacienda Pública y por otro continuado de falsedad en documento mercantil, y el segundo además de cohecho y de blanqueo de capitales. Al tercero los mismos delitos que a Orta.

La causa comenzó a investigarse a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid presentada en enero de 2007 por un empresario y exmilitante del PP en la que acusaba a Orta y Pino del supuesto cobro de comisiones a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos. Por estos hechos, tanto el concejal como el exalcalde fueron detenidos en abril de 2008 quedando en libertad con cargos posteriormente.